La propuesta del equipo de gobierno, a instancia de València en Comú, para debatir hoy en el pleno municipal el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y prohibir las identificaciones policiales basadas en el perfil racial de las personas, ha provocado una revuelta dentro del Partido Socialista y, por extensión, en el tripartito. Al menos dos concejales socialistas se mostraron contrarios a esta iniciativa y forzaron ayer un último intento de pactar un texto alternativo, intento que acabó en fracaso y que llevó a su portavoz, Joan Calabuig, a expresar su malestar ante el propio alcalde, Joan Ribó. Fuentes del partido aseguran, así mismo, estar hartos de que sus socios de Valencia en Comú les cuelen propuestas por la vía urgente que los ponen a los pies de los caballos.

En esta ocasión, la iniciativa parte del concejal Roberto Jaramillo y está firmada por los tres grupos del equipo de Gobierno. Básicamente, propone cerrar los centros de internamiento y prohibir identificaciones por cuestiones raciales. Pide incluso que los conductores de transportes públicos no colaboren con la policía en la identificación de personas. Y todo ello en plena alerta por amenaza yihadista.

Como era de esperar, la respuesta no se hizo esperar. Los sindicatos policiales acusaron al gobierno de criminalizar a los agentes, que en ningún caso, dicen, se guían por criterios raciales para identificar a nadie. También el PP ha cargado contra esta propuesta con similares argumentos.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Incluso dentro del Grupo Socialista, firmante de la iniciativa, han surgido voces discrepantes. Los concejales Vicent Sarrià y Ramón Vilar han sido dos de ellos y al parecer no son los únicos. Según fuentes bien informadas, a estos concejales no les gusta que se «insulte» a los policías y a los conductores de la EMT dando por hecho que actúan ilegalmente. Entienden, además, que la propuesta se produce en el momento menos oportuno, cuando están calientes los atentados de París; que utiliza un lenguaje muy del estilo del 15-M y que va dirigida a los votantes de Valencia en Comú-Podemos. «¿Si se cierran los CIEs, qué hacemos con los inmigrantes irregulares, se los llevamos a su casa?», dicen los concejales rebeldes.

La presión hizo que ayer el portavoz socialista, Joan Calabuig, acordara con Jordi Peris, portavoz de València en Comú, repartirse el turno de intervención en el pleno de hoy para que además del propio Peris intervenga la concejala socialista de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, y haga las precisiones que considere oportunas.

Propuesta alternativa

Es más, ayer por la tarde se reunieron los portavoces para elaborar una propuesta alternativa que contente a todos y no fuerce las costuras de la coalición de gobierno, intento que acabó en fracaso y que se repetirá previsiblemente esta mañana.

De todas formas, en el Grupo Socialista existe un profundo malestar con su socio València en Comú por «presentar propuestas por la vía de urgencia y sin posibilidad de acuerdo previo» que dejan a su partido sin margen de maniobra. Según fuentes del partido, esta iniciativa sobre los CIEs y las identificaciones es una de ellas, pero citan también la del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o la crisis que generaron con los presupuestos.

Los socialistas entienden que estas cuestiones no afecten demasiado a Compromís, pues no tiene historial de gobierno y además preparan una alianza con València en Comú para las elecciones generales. Pero el PSOE sí tiene historial de Gobierno y respeta la existencia de los CIEs, entre otras cosas porque es una medida europea que ellos ampararon. «Si están mal y hay que mejorarlos, que se haga, pero no se pueden cerrar», opinan.