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Polémica

Sandra Gómez apoya que el consistorio defienda al policía condenado a prisión

La concejala condiciona ese apoyo al informe de los servicios jurídicos municipales

La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, se ha mostrado partidaria de que el Ayuntamiento de Valencia asuma la defensa del policía local que ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por poner hasta siete multas a un vecino sin que hubiera, según la sentencia, causa para ello. Todo dependerá de lo que ahora digan los servicios jurídicos municipales, a los que se ha remitido la concejala antes de dar su aprobación definitiva.

Ayer precisamente se reunió la Mesa Técnica de la Policía Local a petición de todos los sindicatos y con un único punto en el orden del día. A la reunión acudió, además, el propio agente sancionado y su abogado, que explicaron los pormenores de la actuación y del proceso judicial.

Los sindicatos querían que la concejala responsable de la policía aprobara su propuesta de que fuera el consistorio el que asumiera la defensa del agente en el recurso que ha presentado al Tribunal Supremo, pues entienden que la defensa llevada a cabo hasta el momento no ha sido la más adecuada. Quieren incluso que si la sentencia se confirma, el ayuntamiento impulse la petición de indulto ante el gobierno de la nación, pues están convencidos de la inocencia del compañero o al menos de la desproporción del fallo judicial.

Según fuentes sindicales, la respuesta de Sandra Gómez fue positiva. Además de dar nuevamente su apoyo al agente, aseguró ser partidaria de que el consistorio asuma su defensa, aunque no se precisó si sería pagando los gastos de abogado o poniendo a su disposición los servicios jurídicos municipales. Eso sí, la concejala condicionó ese apoyo al dictamen de los propios servicios jurídicos, a los que les trasladará el problema para que informen al respecto.

Foto o vídeo como prueba

También se ha conseguido, aunque no en la reunión de ayer, sino con anterioridad, que la Policía Local de Valencia, elabore un protocolo de actuaciones para que este tipo de casos no se reproduzca. Por ejemplo, proponen que se tomen pruebas fotográficas o de vídeo cuando se retire un vehículo de la vía pública o se impongan sanciones comprometidas. De esa manera se acaba con la inseguridad jurídica que ha generado este caso, dijeron las fuentes, que recordaron que en este sentido la sentencia en cuestión ya está teniendo consecuencias.

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