El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) advirtió ayer al Ayuntamiento de Valencia que el 31 de enero suspenderá el servicio que presta del Punt de Trobada Familiar „que fundamentalmente garantiza el derecho del menor cuando existe un problema entre los padres„, si el consistorio no abona la deuda de 54.688,45 euros correspondiente a los honorarios de los abogados durante 2015. Según el ICAV, unas 700 familias se benefician de esta mediación. La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, garantizó que el servicio seguirá ofreciéndose a los ciudadanos aunque no se resuelvan las desavenencias con el colegio de abogados.

El conflicto arranca porque según el ICAV, el Ayuntamiento de Valencia «quiere cambiar las reglas del juego de un convenio que lleva en vigor desde hace muchos años», según explicó Rafael Guía, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia. «El Ayuntamiento de Valencia no ha firmado el Convenio para 2015, ya finalizado el año, proponiendo además para 2016 un texto en el que el pago se convierte en subvención, con fiscalización de las cuentas del ICAV y en el que se pretende que sea el propio Colegio de Abogados quien asuma todas las responsabilidades económicas que se puedan derivar de la prestación de aquel servicio municipal», explicaba la entidad en un comunicado.

La concejala Castillo, por su parte, explicó que se trata de un convenio «complicado y laborioso» porque lo tienen que firmar el Ayuntamiento, la Generalitat, los colegios oficiales de Psicólogos, de Educadores Sociales y de Trabajadores Sociales, y una vez conseguidas estas firmas se ha de enviar al Consejo General del Poder Judicial en Madrid para que dé su visto bueno definitivo. «Una vez cumplidos todos los trámites necesarios, el colegio de abogados cobrará todos los servicios prestados hasta el momento», dijo la regidora de Compromís, que añadió que si quieren seguir prestando atención en 2016 el ayuntamiento les dará todas las facilidades necesarias.

Sin embargo, Castillo advierte que en caso de suspender el servicio « el Ayuntamiento se pondrá a trabajar de inmediato para poner en marcha los mecanismos necesarios para continuar ofreciendo el servicio a los niños y niñas de la ciudad». Además, la concejala desveló que Valencia es la única ciudad que lo sufraga en la mayor parte este servicio mientras en el resto de pueblos y ciudades la Comunitat Valenciana es la Generalitat la que paga al cien por cien la mediación.