La sentencia del TSJ que anula el convenio urbanístico de la Tabacalera supone una patata caliente para el tripartito que gobierna ahora el Ayuntamiento de Valencia. El PSPV, ahora en el gobierno con Compromís y Valencia en Comú, denunció en su día la permuta calificándola de pelotazo histórico y cifrando en 70 millones de euros el menoscabo económico para las arcas municipales. El edificio de los antiguos juzgados se subastó en la misma época por el triple de la valoración de Tabacalera. El nuevo ayuntamiento tendrá que decidir ahora si acata la sentencia, si reconstruye las naves en la pastilla de suelo de Micer Mascó aún sin edificar o si pide la inejecución de sentencia. También está por ver el futuro del edificio de la plaza de América, ya construido y en venta incluido en la permuta anulada.
La plataforma Salvem Tabacalera, constituida para frenar los derribos en la fábrica, declarada Bien de Relevancia Local, tiene previsto pedir la inhabilitación de la ex alcaldesa y actual senadora y de los responsables de la permuta, entre ellos, el ex vicealcalde, Alfonso Grau, imputado por el caso Nóos. La plataforma no descarta pedir que respondan con su patrimonio por el desmane en Tabacalera.
La sentencia del TSJ considera «ilegal» la modificación del PGOU que propició la permuta y señala las contradicciones del ayuntamiento. «No parece razonable como siendo todos los elementos de idéntica factura, unos son merecedores de protección y otros simplemente se descatalogan y demuelen». El tribunal destaca que las naves ue se derribaron no eran elementos impropios, como adujo el gobierno del PP, y «forman parte de un edicifio de gran importancia cultural vinculado a las Exposiciones de 1909 y 1910.
