«La protección del patrimonio tiene que estar por encima del interés de construir una vivienda para el delegado del Gobierno, sea quien sea», dijo ayer el alcalde Valencia, Joan Ribó, en referencia a la paralización de parte de las obras de rehabilitación del Palacio del Temple. «La prioridad del gobierno municipal es conservar y no destruir patrimonio de los valencianos, cómo hemos visto que ha ocurrido en Tabacalera o al barrio del Cabanyal», añadió.
Las palabras de Ribó se producen después de que este periódico informara de la alegación de la Delegación del Gobierno, encabezada por el popular Juan Carlos Moragues, contra la paralización de las obras de un edificio anexo al edificio histórico por considerar que la licencia, solicitada por los anteriores delegados socialistas, no podía ser revocada en virtud a un plan urbano posterior. Ese edificio, que sobresaldría por encima del palacio, albergará oficinas y la vivienda del delegado del gobierno.
Ribó recuerda que la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) «es la máxima protección que puede tener un edificio, totalmente incompatible con la residencia particular que propugna Juan Carlos Moragues, que no será posible porque la defensa del patrimonio ha de estar muy por encima del interés de construir una vivienda para el Delegado del gobierno, sea quien sea».
Desde el Ayuntamiento se recuerda que «la licencia anulada fue concedida por el anterior gobierno municipal junto a otra para acometer la reforma y rehabilitación del Palacio del Temple, unos trabajos sobre los cuales la administración local no tiene objeción alguna, a diferencia de lo que ocurre con el sobreelevado, considerado un atentado contra el patrimonio histórico artístico».
Competencias municipales
«Como es sabido „añade„ las competencias sobre patrimonio corresponden a la Consellería de Cultura, a excepción de cuando se trata de propiedades del Estado, pero también en estos casos es preceptiva la correspondiente licencia municipal».
El alcalde puntualiza finalmente que el Plan Especial de Protección y Reforma interior de la Seu-Xerea «es del año 1993, muy anterior a la concesión de la licencia, lo que deja «muy clara la no viabilidad del proyecto que quiere acometer la Delegación del Gobierno y también que el gobierno del Partido Popular que concedió la licencia lo hizo incumpliendo la legalidad».
