La mesa de la movilidad volvió a reunirse ayer, tras la de Ciutat Vella, con la presencia de más de treinta entidades y colectivos reunidos con un objetivo por parte del equipo de gobierno: «cero muertos». Con esa rotundidad se expresó el concejal de movilidad, Giusseppe Grezzi, que presidió la mesa junto a Joan Francesc Olmos. El edil calificó de «escandalosas» las cifras de muertos por accidentes de tráfico en Valencia, con 18 víctimas mortales en 2014 y 14 en 2015. Motoristas, peatones y ciclistas son los peor parados en los accidentes que se registran en la urbe, por lo que Grezzi insistió en un mensaje claro: «Hay que decirle a la sociedad que en Valencia no se puede correr».
Varios colectivos reclamaron la necesidad de que las vías de sentido único sean limitadas a 30 kilómetros por hora. Por su parte, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico alertaron de que en la ciudad la velocidad es excesiva, aunque no es la principal causa de sanción.
Sanciones por invadir carril bus
Las sanciones más habituales son por invadir el carril bus y las zonas de carga y descarga. Ana Rovella Reig, de Stop Accidentes, reclamó por su parte un estudio exhaustivo de puntos negros de Valencia. «La velocidad es desorbitada», vino a decir, por lo que varios colectivos coincidieron a la hora de exigir más medios para que la policía local pueda aumentar los controles de velocidad en los tramos con mayor nivel de incidencias.
Ante esta petición, Grezzi no pudo dejar de advertir que si se imponen multas «no será por afán recaudatorio, sino para hacer una ciudad mucho más segura». Una advertencia para aquellos que se saltan los límites de velocidad impuestos en las calles urbanas. Lo cierto es que la intención del gobierno del tripartito es ir reduciendo la presencia del coche en Valencia apostando por la peatonalización progresiva.
El sector del taxi, también representado en la mesa de la movilidad, reclamó más controles de alcoholemia al entender que hay una «baja percepción» del problema. Javier Sánchez, responsable de tráfico de la Guardia Civil, abogó por intensificar los controles en la ciudad, porque cada muerte cuesta aproximadamente un millón de euros.
