La inmobiliaria Guadalmedina (Grupo Ballester) ha anunciado que presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el convenio de la permuta de la Tabacalera por especulativo, que habrá de formalizar en treinta días. El promotor, que se benefició de la recalificación que permitió derribar parcialmente la Tabacalera, estará solo en la vía judicial porque el ayuntamiento y la Generalitat no recurrirán. La sentencia, que califica la operación de especulativa, permite reconstruir una de las naves laterales y deja fuera de ordenación los bloques de lujo construidos en Micer Mascó y Plaza de América.
La Tabacalera debió haber pasado a formar parte del catálogo nacional del patrimonio industrial y declararse BIC, pero acabó mutilado al favorecerse un negocio inmobiliario. El actual gobierno municipal acata la sentencia, y ahora tendrá que esperar que sea firme al ser recurrida por el promotor al Supremo, pero en la revisión pormenorizada del PGOU se diseñarán de nuevo las naves y se ampliará el catálogo de BRL a todo el conjunto.
Pese al recurso, la situación de los edificios construidos sigue estando de fuera de ordenación. El recurso de Guadalmedina se presentará ante el Supremo, que en su día solicitó al TSJ que revisase su sentencia anterior favorable a una operación calificada de pelotazo histórico. El recurso de casación se basa «en la infracción de normas de derecho estatal», una de ellas «la ilegal sustitución de la magistrada ponente». La segunda argumentación jurídica para el recurso la articulan por el ilícito enjuiciamiento de un acto irrecurrible». El tercer fundamento jurídico se apoya sobre la «independencia de los convenios urbanísticos respecto del planeamiento».
Guadalmedina esgrime en su escrito que en este caso « se suscribió un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Valencia a través del cual las partes realizarían recíprocas contraprestaciones, siendo de especial interés público la previsión relativa a que en el solar de Tabacalera se ha realizado una modélica rehabilitación, hasta el punto de constituir desde su terminación la sede del Ayuntamiento de Valencia». También defienden el «estricto cumplimiento de las previsiones establecidas en el reglamento de bienes de las corporaciones locales en cuanto a la regulación de la permuta». «Un convenio urbanístico para la elaboración de un planeamiento no puede quedar invalidado «por simpatía» o por efecto rebote del PGOU, que se elaboró para su cumplimiento».
