En esta agitada semana que termina, hemos leído con preocupación sobre ciertos terremotos. Algunos, medibles con la famosa escala Richter y con epicentro en el Mar de Alborán se dejaban sentir en algunas ciudades de la comunidad autónoma Andaluza y causaban considerables daños materiales. Otros, como el del martes, se puede calificar como un verdadero terremoto político, con epicentro en el País Valenciano y en la ciudad de Valencia. Las detenciones de empresarios y dirigentes del PP, algunos en activo, otros no, han provocado una profunda y retorcida grieta imposible de esconder, y menos por la dirección del Partido Popular, que hasta hace bien poco defendía que se trataba de casos aislados y focalizados en unas pocas personas concretas.
La operación «Taula» que ha investigado una trama de supuestos cobros ilegales, ha sido letal para el partido de Mariano Rajoy e Isabel Bonig. Una operación coordinada entre la Fiscalía anticorrupción, a la que acudió Esquerra Unida en julio de 2014 con los indicios de los que disponíamos en ese momento, y la UCO, de la Guardia Civil, se ha saldado con 24 detenciones y 33 registros en domicilios particulares, sedes sociales de empresas, fundaciones y el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.
La trama de corrupción organizada presuntamente para saquear dinero público, es decir, dinero de todos nosotros, ha afectado a políticos del PP y a empresarios, siendo éstos últimos beneficiarios como contratistas de la Diputación y del Ayuntamiento de Valencia. Por ello es importante destacar que en todo este entramado, destaca no solo lo obvio, es decir, los delitos que se les imputan a los detenid@s, sino también cual era su visión de la administración pública, no pensada evidentemente para servir a la ciudadanía, sino como mero trámite para urdir oscuros negocios.
Después de los casos Noos, Gürtel, Emarsa, Cooperación, Brugal o Avialsa, Imelsa se ha convertido en el séptimo caso de corrupción en el que está involucrado el PP. Cualquier medida que vaya a tomarse en el interno de dicho partido va a resultar insuficiente para una opinión pública valenciana que no sale de su asombro e indignación ante tantos casos de corrupción. Si en el conjunto de las organizaciones políticas las medidas de regeneración se toman para limitar mandatos o establecer sueldos base, en el PP dichas actuaciones deben de ir mucho más allá, ya que las líneas rojas que en su día fijó Fabra han quedado totalmente rebasadas.
Ha llegado el momento, por tanto, de las responsabilidades políticas, en concreto de la que fue alcaldesa de Valencia. Asunción de responsabilidades, asentada en las culturas políticas de nuestro entorno. Esto es, no esperar a los procesos judiciales, a si se está o no investigando, sino asumir que durante los mandatos en los que el Partido Popular estuvo al frente del Ayuntamiento de València se produjeron unos hechos escandalosos que ensucian el nombre de la institución que presidió y también de la propia ciudad. Por eso, y para empezar a limpiar la imagen de la política valenciana, no queda otra, que la dimisión inmediata de Rita Barberá de todos sus cargos públicos y orgánicos.
