La exconcejala María José Alcón Miquel, ahora imputada en la «Operación Taula» por presunto blanqueo de capitales, prevaricación y malversación, reclama al Ayuntamiento de Valencia una indemnización «por los daños sufridos» al declarar éste en sesión plenaria la caducidad del PAI de Benimaclet. Ella, su hermano (Juan José Alcón) y otros miembros de su familia tienen en esta zona de la ciudad un 3% del suelo, lo que en la reparcelación equivalía a una torre de veinte alturas.
Alcón presentó la reclamación en la Oficina de Responsabilidad Patrimonial el 17 de julio de 2015, cuando ya gobernaban Compromís, PSPV y València en Comú. Hacia exactamente un año que la anterior corporación del PP, con Rita Barberá a la cabeza, le había notificado a ella y a otros tres miembros de su familia el acuerdo en el que se había declarado la caducidad del PAI. El urbanizador y propietario de un 25% del suelo „ la empresa Urbem„, presentó entonces un recurso contra la decisión municipal. Litigio aún por resolverse, y en el que también se reclaman daños y perjuicios al consistorio.
Entonces no hubo reacción alguna por parte de la familia Alcón. Con el cambio de gobierno municipal tras las elecciones del 24M, llegó la reclamación de la exedil popular, al entender que se le había privado «del ejercicio de sus facultades de participar en la actuación en el ámbito del PAI».
Un año antes, la Comisión de Urbanismo, presidida entonces por el ahora también imputado Alfonso Novo, había aprobado „ con el apoyo de los grupos de la oposición„ la resolución del PAI de Benimaclet Este y la caducidad del mismo después de que el agente urbanizador, al que el gobierno de Barberá tumbó una primera propuesta de reparcelación, no hubiera actuado en casi dos décadas. Urbem cedió hace unos años a los vecinos los terrenos para darles un uso como huertos urbanos, con la autorización del BBVA, propietario de otro 30% de las parcelas.
Destituida por la trama Imelsa
Lo sorprendente de la situación es que Alcón no reclamara cuando gobernaba el PP, con el que fue concejala de Cultura y después asesora de alcaldía hasta ser destituida por Barberá en mayo de 2015. Las grabaciones que la vinculaban con las mordidas de la trama corrupta de Imelsa, que ahora se ha llevado por delante a la cúpula del PP local en la «Operación Taula», no dejaron alternativa a la entonces alcaldesa de Valencia, que acabó apartando del cargo a la esposa de Alfonso Grau, imputado también en el caso Noos. Dos meses después Alcón y su familia reclamaron al consistorio.
La oficina de Responsabilidad Patrimonial comunicó a Alcón que su escrito carecía de algunos de los requisitos establecidos por el reglamento. Faltaba concretar «la indemnización pretendida necesaria para poder determinar la relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios municipales», tal como argumentan los técnicos. El consistorio dio de plazo diez días hábiles para que se subsanaran los defectos encontrados, con la advertencia de tenerlos por desistidos en el caso de no hacerlo así. «El escrito de requerimiento fue recibido por los interesados el 11 de septiembre de 2015» sin que la familia Alcón haya procedido a subsanar los fallos por lo que el ayuntamiento da por declinada la reclamación, decisión ante la cual cabe recurso.
