En estas azarosas semanas estamos asistiendo al desmoronamiento de la imagen del hasta ahora principal partido de la derecha española, cercado por casos de corrupción que salpican a un buen número de dirigentes y cargos públicos, encontrándose el País Valenciano y la ciudad de Valencia en el epicentro.
Muchos de esos dirigentes del PP que copan páginas de periódicos y minutos de televisión, son los mismos que hace no más de siete años se fotografiaban con renombrados millonarios, despilfarrando nuestro dinero en grandes eventos que lastraban la inversión en educación, sanidad y empleo, y acabaron siendo pozos sin fondo para arruinarnos como comunidad autónoma. Si sólo por eso deberían haber dimitido de sus cargos hace tiempo, más clara deberían de tener su retirada de la política cuando se ha descubierto, entre otros gracias a Esquerra Unida, que su gestión está relacionada, con supuestas tramas de corrupción.
Curiosamente, mientras todo esto pasaba, el discurso de la derecha y sus recetas para salir de la crisis económica se basaban en el trasnochado dogma neoliberal del sacrosanto mercado, con el Estado reducido a la mínima expresión, y la merma imparable de los derechos de los trabajadores y la fuerza del sindicalismo de clase.
Los sindicatos han estado sometidos estos años a una operación de descrédito despiadada para minar su legitimidad, ganada no solo en la lucha contra el franquismo, sino diariamente, en las empresas, defendiendo a los trabajadores. Preocupa mucho que la noticia del inicio del juicio contra ocho sindicalistas de la empresa Airbus, 7 de CCOO y 1 de UGT, a los que la Fiscalía pide un total de 66 años, está teniendo una cobertura mucho menor que el resto de noticias.
Los delitos de los que se acusa a estos sindicalistas son vulnerar el derecho a trabajar, así como agresión y lesiones a un agente de policía. Delitos cometidos, según el Fiscal, durante la huelga general de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero exigida por la Troika. Lo sospechoso es que a pesar de que se produjeron más de cien detenciones ese día, ninguna fue la de estos ocho trabajadores, cuya denuncia, llegó después de la jornada de huelga.
Tratándose de un juicio sin precedentes en nuestro país desde el famoso Proceso 1001, en el que la dictadura encarceló a la dirección de las CCOO, debería ser portada diaria y abrir todos los informativos estatales. Hay que resaltar lo que implica sentar en el banquillo de los acusados a unos trabajadores que ejercieron su Derecho constitucional a la huelga, y que como si se tratara de un fotograma de la película de John Ford «Las uvas de la ira» se han visto envueltos en unos hechos confusos que pueden provocar su ingreso en prisión.
La imagen del juicio del caso Noos como funcionamiento del Estado de Derecho ha quedado irremediablemente emborronada con la de los sindicalistas sentados en el banquillo de los acusados. Una imagen que dice muy poco de la salud democrática de nuestro país, y que desgraciadamente parece no preocupar demasiado a los creadores de opinión.
