El Gobierno ha decidido no reunir el consejo rector del Consorcio Valencia 2007. Según ha podido saber Levante-EMV, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas renuncia a convocar el consejo rector debido a la interinidad del Gobierno, en funciones hasta que se consiga o no un pacto. El consejo había de convocarse el martes 1 de marzo, pero Administraciones Públicas es reticente a firmar nuevos contratos tan cerca como parece estar la entrada de nuevo inquilino en la Moncloa.
La decisión, que según fuentes municipales, será refrendada por el consistorio, ahonda en la situación de interinidad que vive el consorcio después de la dimisión de Pablo Landecho, director del mismo, en mayo del pasado año y que ha abocado a la entidad a estar dirigido por una comisión delegada. La situación es complicada porque el consorcio ha de renovar los contratos de mantenimiento y seguridad de las instalaciones. Se confirma así el bloqueo del consorcio.
La entidad, además, recibió el viernes una sentencia del juzgado de primera instancia número 7 de Valencia que obliga al consorcio a destinar todos los ingresos y rentas que generen las concesiones de la Marina Real Juan Carlos I a pagar la deuda contraída con el Banco Santander. Una resolución de octubre de 2015 ya embargó las rentas procedentes de la empresa concesionaria del Veles e Vents para destinarlas a enjugar la deuda con el mismo banco.
El Consorcio Valencia 2007 arrastra una deuda de 440 millones de euros por las obras realizadas, de los cuales 330 están avalados por el Estado, el resto (66) millones es deuda con el Santander, correspondiente a una póliza de crédito (54 millones) y a un préstamo (12 millones) para hacer frente a pago de la anterior, cuyo pago es el que está ejecutando ahora el Santander.
Ante esta situación, la comisión delegada se ha visto obligada a prorrogar el presupuesto de 2015, un «parche» que le permitirá seguir funcionando hasta que se convoque el consejo rector y vuelva a funcionar con normalidad. Sin embargo, una de las tres administraciones integrantes de la entidad, el Gobierno central, se ha mostrado contraria a convocar el consejo al menos hasta que haya sesión de investidura y nuevo Gobierno. Aseguran que toman esta decisión avalados por la Abogacía del Estado. Además, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas recomienda que cualquier contrato que se licite en esta situación de interinidad lo sea con el menor plazo posible, para evitar que el nuevo Gobierno se encuentre con concesiones de varios años que puedan hipotecar nuevas decisiones en torno al futuro del recinto.
La autosuficiencia deseada
El plan de negocio que maneja la marina es que será autosuficiente en breve, siempre que el Gobierno se avenga a refinanciar o condonar una deuda cercana a los 500 millones de euros. Las concesiones y amarres de la Marina Real están generando unos ingresos de seis millones al consorcio, que calcula que el recinto podría llegar a generar 19 millones de euros cuando todas las concesiones estén operativas. La puesta en marcha del centro de innovadores de EDEM, junto con el Club de Playa „abierto desde la pasada semana„ y el Veles e Vents, aportarían unos ingresos anuales cercanos al millón de euros, según fuentes del consorcio.
Las adjudicaciones de espacios continúan. La semana pasada se licitaron varios locales de ocio y bares, así como el servicio de paseo en barco, para intentar revitalizar la Marina Real, infrautilizada tras las distintas ediciones de la Copa del América.
