02 de marzo de 2016
02.03.2016
Cargo

El director general de la Marina Real dimite por el ninguneo del gobierno y el embargo de ingresos

Ribó busca un sustituto «de consenso» que podrán nombrar ayuntamiento y Generalitat sin contar con el apoyo del Estado

02.03.2016 | 03:07
El director general de la Marina Real dimite por el ninguneo del gobierno y el embargo de ingresos

Al Consorcio Valencia 2007 no le duran los directores generales. Desde su constitución, el organismo que gestiona la Marina Real Juan Carlos I y las obras de la Copa del América ha tenido cinco directores (José Salinas, Fernando Huet, Jorge Gisbert, Pablo Landecho y Fernando Soriano). Este último asumió «temporalmente» las funciones del cargo tras la renuncia en mayo pasado de Pablo Landecho, el que fue jefe de gabinete de Francisco Camps que dimitió del consorcio después de tres años intentando reflotar la marina real para pasarse a la empresa privada.

El director gerente del Consorcio Valencia 2007, Fernando Soriano, presentó ayer su carta de dimisión al alcalde y presidente del consejo rector del Consorcio Valencia 2007, Joan Ribó, quien aseguró que esta «es la primera consecuencia de la irresponsabilidad demostrada por el Gobierno central, en especial, por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, por no atender las peticiones del ayuntamiento para que renegociara con el Banco Santander el pago de las deudas que asfixian a la marina real, en concreto, una deuda de 12 millones por una póliza de crédito que venció en octubre pasado. Una resolución judicial, tal como avanzó este diario, ha autorizado al Santander a embargar todos los ingresos de las concesiones del consorcio, desde los que genera el centro de emprendedores de Juan Roig, hasta el Veles e Vents.

Una situación que Fernando Soriano, que volverá a ocupar su puesto como director financiero del Consorcio, considera «extraordinaria» y que requiere por tanto un director general con «plenas competencias». El propio Gobierno instó la semana pasada a las administraciones valencianas a nombrar un nuevo director general con capacidad para licitar los contratos pendientes de renovación que el Ejecutivo bloquea y que afectan a la Seguridad y la Limpieza de la marina real.

El alcalde, Joan Ribó, justificó la dimisión de Soriano porque ante esta situación de embargo «no hay capacidad de gestión». La precaria situación económica en la que está el Consorcio hace que se quede «sin capacidad de gestión» dado que «todo el dinero que entra está embargado».

La difícil situación económica en la que se encuentra la entidad complica la toma de decisiones y hace que el ente «no pueda gestionar nada», destacó Ribó.

Fuentes de Alcaldía denunciaron la «nula negociación» del Gobierno central con este banco para evitar dicha sentencia y buscar una salida al pago de dicha deuda. En este sentido, lamentaron que Beteta, «no haya llevado a cabo esa negociación» para evitar el pleito que ha dado lugar a la decisión que avala el cobro de la deuda por parte del banco a través del embargo de los ingresos del Consorcio.

El alcalde ya está buscando candidatos para asumir la batuta del consorcio. Como presidente del consejo rector, a Ribó le corresponde convocar el citado órgano para decidir, por mayoría de dos tercios (sin necesidad por tanto del visto bueno del Gobierno) el que será el sexto director general del Consorcio.

Fuentes de Alcaldía explicaron ayer que se buscará a una persona de consenso, al menos entre las administraciones valencianas, capaz de enderezar la complicada situación del Consorcio. No concretaron fecha para la celebración del consejo para nombrar al nuevo director general, si será después de Fallas o antes y cual será el proceso de contratación.

Embargo recurrido
En relación a la resolución judicial de embargo que pesa sobre la marina real, el abogado del Estado ha presentado un recurso. En la resolución de mejora de embargo dictada por el juzgado se reclama al Consorcio un listado de ingresos por bienes inmuebles embargables. El principal argumento de la abogacía del Estado en este punto es que los bienes inmuebles del Consorcio no son embargables por ser una entidad de interés público.

Para el gobierno tripartito de Ribó (Compromís, PSPV y Valencia en Comú), el Ejecutivo «ha boicoteado» el Consorcio y la marina real por lo que confía en que pueda haber un «nuevo Gobierno» en España que «solucione los problemas» de Valencia.

El Consorcio arrastra una deuda de 440 millones de euros por las obras realizadas, de los cuales 330 están avalados por el Estado, el resto (66 millones) es deuda con el Santander, correspondiente a una póliza de crédito (54 millones) y a un préstamo (12 millones) para hacer frente al pago de la anterior.

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