El Ayuntamiento de Valencia, por iniciativa de la concejala delegada de Gestión del Patrimonio Municipal, María Oliver, aprobará hoy en la Junta de Gobierno Local dejar sin efecto la moratoria para decenas de casas situadas en la primera línea de la playa del Cabanyal. Se trata de un moción que quiere impulsar la regularización de, al menos, 150 referencias catastrales, antiguas construcciones de los pescadores que terminaron convirtiéndose en edificaciones, en algunos casos de varias alturas.
Se trata de decenas de casas situadas en las calles Eugenia Viñes y Pavía que ocupan una parcela con aproximadamente 244.953 metros cuadrados. Son de propiedad municipal tras una cesión del Ministerio de Obras Públicas en el año 1990, pero su situación nunca se había regularizado y el anterior gobierno del Partido Popular prefirió aprobar en 2005 una moratoria sine die para estos terrenos, con el fin de evitar que se especulara con ellos ante la inminente celebración de la Copa del América.
Sin embargo, ahora la concejalía que dirige María Oliver ha decidido poner fin a esta especie de limbo legal y resolver su ordenación, de manera que ayude a regenerar el barrio del Cabanyal-Canyamelar tras años de una profunda degradación.
En 2005 finalizaban las primeras concesiones que en su día el Ministerio dio a los pescadores del Cabanyal-Canyamelar. Por aplicación de la ley de Patrimonio entonces vigente, el plazo máximo de duración fue de 99 años, tiempo en el que esos terrenos formaron parte del dominio público marítimo-terrestre. En ellos se permitió construir pequeñas, cabañas, almacenes de aperos, etc. para las personas que vivían de la pesca. De hecho allí se encuentra la llotgeta de pescadores, donde viven varias personas en pequeñas viviendas anexadas.
En 1999 el Ministerio de Medio Ambiente decidió vender la propiedad de estos terrenos al Ayuntamiento de Valencia. El consistorio tenía que regularizar la situación de aquellas construcciones, que con el tiempo se convirtieron en edificaciones de todo tipo en primera línea de playa. Pero llegó 2005, en plena burbuja inmobiliaria, y decidió conceder una moratoria.
Un paso necesario
Ahora, pasados aquellos tiempos de especulación urbanística, María Oliver propone una moción para regularizar la situación de las casas. El suelo es municipal, pero el «vuelo» „lo propiamente construido„ es de propiedad privada, por lo que con esta ordenación los dueños de las edificaciones deberán ejercer su derecho de propiedad comprando el solar o, si renuncian, serán compensados por el consistorio por el «vuelo» construido. En la actualidad existen numerosas viviendas vacías, muchas de ellas en ruina, otras abandonadas, lo que ha terminado por degradar el frente marítimo del Cabanyal-Canyamelar. Con esta moción, María Oliver asegura que da un paso más para la revitalización de este barrio.
Se va a regularizar la situación de las concesiones existentes «con el fin de logar la reactivación social y urbanística del barrio, mediantes una actuación dialogada con los particulares, asociaciones de vecinos y entidades sociales representativas». «Tenemos constancia, además, del deseo manifestado por algunos vecinos de la zona por comprar una vivienda en la zona afectada y también de la preocupación de los concesionarios (o sus legítimos herederos) que ven sus propiedades sujetas a esa caducidad de la concesión», añadió.
