«No es que estoy dispuesto a dimitir, es que estoy obligado a dimitir. Yo soy coherente», afirmó categórico ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó. «Siempre hemos pedido al PP que, en el momento en que se abra un proceso de investigación por parte de un juez, hay que presentar la dimisión y lo que le pedimos a los populares evidentemente nos lo tendremos que aplicar todos». Ribó se marcaba ayer así su propia línea roja al ser preguntado por los medios de comunicación sobre qué hará si como consecuencia de las diligencias abiertas ayer por el fiscal por su viaje a A Coruña para asistir a un encuentro de «alcaldes del cambio» acaba siendo imputado por un juez.

El alcalde no obstante dijo estar «muy tranquilo» y «poco preocupado», al tiempo que confió en que la denuncia del grupo municipal del PP, a su vez imputado casi en su totalidad en el marco de la operación Taula por presunto blanqueo de dinero para financiar la campaña electoral de Rita Barberá, será archivada.

Ribó explico que ya han remitido al fiscal toda la documentación que acreditaría que la cumbre de alcaldes era una convocatoria oficial no un acto de partido pagado con fondos públicos como sostiene el PP, cuyos concejales bajo sospecha no han dimitido.

También han remitido al ministerio fiscal el resumen y cronograma de todas las reuniones, comisiones de trabajo, actas de participantes y conclusiones alcanzadas en el encuentro. «Creo que es una cuestión que está muy clara, pero en definitiva quien tiene que plantear esto es el fiscal, que será quien ahora pida una investigación. Posteriormente el juez declarará si la investigación sigue adelante o no.

Entre la documentación que acreditaría que no fue un acto de partido el alcalde esgrime la carta que el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, remitió al ayuntamiento de Valencia para invitar a los alcaldes «acompañados de sus equipos de gobierno» a la cumbre celebrada el pasado 27 y 28 de noviembre. Un encuentro al que fueron invitados los alcaldes de diez ciudades, entre ellas y además de Valencia, Madrid, Barcelona, Pamplona y Zaragoza, todas gobernadas por las mareas ciudadanas, por Podemos y, en el caso de Valencia, por Compromís, con PSPV y Valencia en Comú como socios de gobierno. Al encuentro, asistieron concejales de esta última formación, entre ellos Jordi Peris, pero ningún socialista.

El importe por el desplazamiento del alcalde, del que se dio cuenta en el pleno de diciembre, ascendió a 7.212 euros, donde se incluían gastos de billetes de avión en clase turista, dietas, hospedaje y manutención del propio Joan Ribó, de cuatro ediles, un asesor de prensa, tres funcionarios municipales y un experto en innovación. El alcalde, que cuando estaba en la oposición denunció el caso «Ritaleaks», aseguró que no piensa devolver el dinero cargado al ayuntamiento. «Se trató de un acto público, convocado públicamente», por lo que no ve «ningún motivo» para devolverlo.