El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, valoró ayer la propuesta del alcalde de Valencia, Joan Ribó, de que las tres administraciones implicadas en el Consorcio Valencia 2007 (ayuntamiento, Generalitat y Gobierno) hagan aportaciones económicas extraordinarias para saldar la deuda de 7 millones de euros con el Santander que ha acarreado el embargo de los ingresos del órgano que gestiona la marina real Juan Carlos I. Beteta explicó que la Generalitat y el Ayuntamiento podrían optar a la línea de crédito del fondo estatal de Impulso Económico (FLA) una opción que no tiene el Gobierno en funciones que estudiará fórmulas para esa aportación extra, en la que en todo caso se mantendría el porcentaje del 40% del Estado y el 20% de la Generalitat y el ayuntamiento, respectivamente. Beteta advirtió, no obstante, de que la Abogacía del Estado tendrá que estudiar la operación que se dificulta por la interinidad del Gobierno, que también obligará a estudiar caso a caso las futuras concesiones de la marina.

Imagen negativa al inversor

En la reunión entre el alcalde y el secretario de Estado, celebrada a instancias del segundo y en la que no hubo ningún representante de la Generalitat, Beteta trasladó la «voluntad de arreglo y máxima colaboración» del Ejecutivo al que le preocupa que se pueda transmitir una mala imagen del Gobierno a posibles inversores interesados en la marina. Según Beteta, sería negativo que «posibles inversores puedan analizar la situación como de no apoyo institucional».

En la reunión, celebrada un día después del consejo rector virtual que aprobó el nombramiento de Vicent Llorens como director general del Consorcio, se acordó reducir la duración de los contratos de Vigilancia y Limpieza de la marina a cuatro meses para poder desbloquearlos y adjudicarlos sin necesidad de reunir al consejo rector.

Tras la entrevista, a la que asistió el delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, Ribó trasladó un mensaje de «optimismo» y dijo que hay «sintonía» para abordar los problemas. «Vamos a buscar mecanismos para afrontar los problemas económicos del Consorcio aunque alguno no podrá ser definitivo hasta que no haya un gobierno en el Estado». Beteta explicó, en este sentido, que el Gobierno trabaja en varias fórmulas para hacer frente a la asfixia económica de la marina en espera de que se forme el nuevo Gobierno. También se escudó en esa interinidad Beteta para sortear la pregunta de si ve posible condonar la deuda de 440 millones de euros de la Copa del América. El Gobierno en funciones «no puede tomar ninguna decisión estratégica porque lo prohíbe la legislación y eso haría vincular una actuación de gobierno futuro».