La Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valencia quiere agilizar al máximo la rehabilitación del barrio y para ello presentará en la reunión de la sociedad Plan Cabanyal que se celebrará el próximo 30 de marzo una propuesta para sacar a la venta una parte de las viviendas de propiedad municipal del barrio. Los ingresos que generan se revertirían en la rehabilitación del resto de edificios de titularidad pública. Está por decidirse cuáles de los casi 400 edificios adquiridos durante los años del anterior gobierno del PP se venden y cuáles se conservan teniendo en cuenta las posibilidades de venta en el mercado.

Aunque la ley no lo exige si no se trata de expropiaciones, el nuevo gobierno quiere dar la opción de recomprar sus propiedades a los propietarios que en su día vendieron sus casas al ayuntamiento porque se iban a derribar para a apertura de la avenida Blasco Ibáñez, ahora derogada.

Se calcula que la rehabilitación de las viviendas municipales existentes en el barrio, donde se iban a derribar 1.300 edificios, tardaría más de dos décadas. El ayuntamiento quiere dar entrada a la iniciativa privada para agilizar los tiempos y empezar a dar respuesta a los vecinos, que se quejan de que el cambio anunciado por el nuevo gobierno de Joan Ribó a favor de la rehabilitación y regeneración del barrio no termina de visualizarse.

Para acometer la rehabilitación del barrio es necesario que la Conselleria de Vivienda apruebe las normas urbanísticas transitorias para el barrio que el ayuntamiento acaba de remitirle tras concluir el proceso de alegaciones. En dichas normas, como ha informado este diario, se permitirá la anexión de parcelas para propiciar la implantación de residencias universitarias, una de las dotaciones que el ayuntamiento quiere potenciar en el barrio dada su cercanía al campus .

En las normas urbanísticas transitorias, que estarán en vigor entretanto se redacta el nuevo plan de protección del Cabanyal que sustituya al anulado plan de reforma (Pepri), se elimina el nivel de protección para las edificaciones que se construyan en solares donde anteriormente hubo viviendas catalogadas, como puede ser la parcela de la famosa Casa de la Palmera, derribada en la pasada legislatura. El ayuntamiento ha anunciado su intención de que los edificios más singulares que se destruyeron se rehabiliten. El caballo de batalla, no obstante, es la financiación. Tras 16 años de abandono y degradación, la inyección de dinero necesaria para revitalizar el barrio marinero, declarado conjunto histórico y Bien de Interés Cultural, es muy elevada. De momento el ayuntamiento opta a 15 millones de euros de ayudas de la UE y ha firmado un convenio con el Ministerio de Fomento para rehabilitar 250 casas que aún no están en vigor porque la Conselleria de Vivienda todavía no ha aprobado el reglamento que regula la concesión de las ayudas.

Asimismo están pendientes de reasignar once millones de euros del plan Confianza que iban a ir destinados a la urbanización del bulevar San Pedro y para los que ahora el ayuntamiento buscará un nuevo destino, posiblemente, obras de reurbanización en el barrio y construcción de nuevas dotaciones.