29 de marzo de 2016
29.03.2016
Denuncia

Pequeños propietarios de apartamentos exigen seguridad jurídica para regular sus negocios

Creen que las condiciones actuales «no se ajustan a derecho» y se plantean acudir a la Fiscalía

29.03.2016 | 04:15

Un grupo de pequeños propietarios de apartamentos turísticos de Valencia ha puesto en marcha una asociación para defender sus derechos frente a una política turística que les impide legalizar cientos de viviendas y que además les ha empezado a sancionar «injustificadamente». Exigen que no les pidan el informe de compatibilidad con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que exige una calificación de terciario en vez de residencial; y que no se les sancionen por no presentar la comunicación ambiental, pues se trata de viviendas normales. Se plantean, incluso, acudir a la fiscalía si se siguen «vulnerando sus derechos», afirman.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana afrontan una regulación de los cientos de apartamentos turísticos que se han abierto en la ciudad en los últimos años sin una normativa clara. Para hacer esa nueva normativa el consistorio mantenía conversaciones con Aparval, una asociación que engloba a las grandes empresas de apartamentos pero que «no representaba a los pequeños propietarios», de ahí que éstos hayan creado hace apenas tres meses una nueva asociación, Viutur, para defender sus derechos ante las administraciones.

Según su presidente, Francisco García, el principal problema de estos pequeños propietarios, cuyos apartamentos están en fincas normales, es que la Generalitat les exige un informe de compatibilidad con el PGOU, algo «completamente imposible» si se tiene en cuenta que sus negocios se consideran «terciario» y el Plan General califica esos edificios como «residencial».

«Eso es una falacia. Es un ardid legal que carece de todo fundamento», dice García, pues «se basan en dos informes de 2012 y 2011 que mienten, que no se ajustan a derecho, pues la ley sólo exige la licencia municipal de primera ocupación y una declaración responsable para iniciar la actividad». Asegura, además, que Valencia «es la única ciudad donde está pasando esto».

En consecuencia, Viutur pide que se aplique la normativa actual y que se recupere la «seguridad jurídica». Y si se quiere hacer una nueva normativa, que cuenten con ellos, porque «tendrán toda la colaboración».

Diecisiete expedientes
Lo que no quieren es seguir sin poder regular sus negocios y, por supuesto, que los sancionen o les cierren las viviendas. Francisco García asegura que ya se han abierto 17 expedientes y que ha habido un cierre «injustificado». Al parecer, el motivo de los expedientes es no presentar la comunicación ambiental, «una exigencia de la ley de actividades que no nos afecta, pues se trata de viviendas». «No hay una transcendencia medioambiental para exigirnos eso», asegura García.

Tampoco cree que los vecinos tengan que tener voz a la hora de autorizar un apartamento turístico, como pretende el Ayuntamiento de Valencia. Según el presidente de Viutur, «se da por hecho que son una molestia, cuando hay inquilinos que se quejan de los vecinos». Además, recuerda que la mayoría de propietarios exigen en sus contrato que no se produzcan molestias y que, en última instancia,existe un decreto cuyo artículo 18 permite clausurar el contrato de arrendamiento si hay problemas, artículo que ellos piden que se aplique inmediatamente en esos casos.
Su idea, muy al contrario, es «integrar« estos apartamentos en los barrios y contribuir a su revitalización, asegura.

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