El consistorio replantea estos días su política «arrendataria», y no es para menos. Tal y como ha podido saber este periódico, el ayuntamiento destinará 1,5 millones de euros este año en el alquiler de locales para diversos servicios públicos y actividades sociales. Dentro de esta partida, destaca el desembolso en el alquiler de locales para centros educativos públicos, que asciende a 734.373 euros, y el destinado al arrendamiento de inmuebles para la tercera edad, como los situados en la calle Juan Ramón Jiménez en Malilla o en la Avenida Portugal de Marxalenes, cuyos alquileres suponen un gasto de 431.134 euros en el presente año.
Aunque los arrendamientos representan un gran peso en las cuentas municipales, el consistorio mantiene una laxa gestión de los locales de titularidad pública, ya que tal y como informó ayer Levante-EMV, más de un centenar de los edificios y locales con los que cuenta el ayuntamiento están cedidos a organizaciones de todo tipo. Entre ellas, destacan asociaciones vecinales, como la Asociación de Vecinos Abastos Finca Roja, que consta de un local en el Mercado de Abastos de la calle Alberic; la Asociación de Vecinos Marítim-Aiora, que cuenta con un local de titularidad pública en la calle Conserva, o la Asociación Amics del Corpus, con sede en el inmueble municipal de la plaza del Dramaturgo Fausto Hernández.
La delegación de Patrimonio Municipal del ayuntamiento, integrada en la Concejalía de Desarrollo Urbano que gestiona María Oliver (Valencia En Comú) ya anunció su intención de revisar la gestión de algunos de estos locales en aras de mejorar la eficiencia y el rendimiento de estos bienes, mediante la instalación criterios objetivos a la hora de ceder establecimientos. De hecho, el consistorio revisará todas las concesiones y convocará un concurso para conceder los locales retirados a aquellas organizaciones que no entren dentro de los criterios fijados por el consistorio, que exigirá un proyecto y una memoria periódica de actividades.
Algunas asociaciones confiesan haberse quedado «sorprendidas» ante la iniciativa del consistorio, como explica Sol Romeu, presidenta de la Asociación de Vecinos de Amistat, que utiliza las dependencias del Centro Municipal de Servicios Sociales «La Amistat». «El todo gratis es insostenible, pero hay que llegar a un acuerdo con los colectivos. Entendemos que las asociaciones tenemos que justificar lo que nos gastamos y cómo nos lo gastamos», afirma Romeu.
C´s: «Mal y tarde»
El grupo municipal de Ciudadanos no ha tardado en responder a la iniciativa del tripartito, ya que consideran que «llega tarde». «Todo lo que no sea una gestión adecuada, supone un pago de impuestos a estructuras ineficientes. Llevan 10 meses gobernando y no saben lo que tienen», critica Narciso Estellés, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Valencia.
«No sabemos si lo que gasta el ayuntamiento es pertinente o no, ya que desconocemos el plan de optimización de los inmuebles», afirma Estellés, quien además denuncia la falta de transparencia del tripartito en la gestión de los locales de titularidad pública. «No sabemos quien tienen las concesiones. Eso no es transparencia». El último inventario de bienes inmuebles del consistorio data del año 2015, que enumera 233 edificios y locales públicos valorados en 541 millones de euros.
El consistorio quiere acabar así con estos arrendamientos «privilegiados» que gozan algunas organizaciones de la ciudad.
entre los que se situan el alquiler de vehículos, zonas para la instalación de antenas o equipos. Pero
