El Pozo de San Isidro Labrador, que durante décadas ha suministrado agua a las pedanías de Carpesa, Benifaraig y Borbotó, mantiene su lucha por seguir haciéndolo y lo hace enfrentándose administrativa y judicialmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la empresa Emivasa, que gestiona el suministro de agua en la ciudad de Valencia.
Ayer mismo se hizo pública la apertura de un expediente por parte de la Confederación Hidrográfica para recuperar la concesión que actualmente sigue teniendo el pozo. Se trata del segundo expediente en los últimos dos años, pues el primero fue archivado por no ser cierto que el pozo llevara tres años sin prestar servicio a las poblaciones, que era la causa alegada por la CHJ, según José del Toro, presidente del pozo.
El que se ha abierto ahora, según las mismas fuentes, es por tener un exceso de nitratos y a partir de ahora se abre un proceso de prueba en el que los responsables de la entidad piensan participar. Es verdad que en años anteriores ha sido necesario mezclar el agua del pozo con el agua de Valencia para bajar el nivel de nitratos, pero del Toro presentará nuevas pruebas al respecto. Recuerdan, además, que existen las desnitrificadoras para solucionar ese problema. De hecho, disponen de dinero para comprarla y ya tienen sobre la mesa tres presupuestos.
Por otro lado, el Pozo de San Isidro Labrador está a la espera de una sentencia que clarifique si la propiedad de las instalaciones de Benifaraig, donde está el manantial, son del pozo o de Emivasa, que las ocupa actualmente después de que el anterior gobierno del PP ocupara las instalaciones «por la fuerza».
«A día de hoy la propiedad es nuestra y la concesión es nuestra, porque el agua es buena y el ayuntamiento hizo un desalojo sin ningún procedimiento», dijo José del Toro.
