El Ayuntamiento de Valencia se encuentra decidido a acabar con su fama de casero piadoso, y no ha dudado en abrir un enfrentamiento con el sector vicentino cuando se está en plena celebración de Sant Vicent Ferrer, patrón de todos los valencianos. Y es que el consistorio, gobernado por Compromís, PSPV y Valencià En Comú, mantiene la vista fija en las concesiones de cuatro locales de asociaciones vicentinas y católicas de la ciudad.
En concreto, la Delegación de Patrimonio revisará con especial atención los locales de titularidad pública de la Junta Central Vicentina, situado en la calle Miguelete, 1 y cuyo honorable presidente es el actual concejal de Fiestas Pere Fuset (Compromís); el Altar del Mar, ubicado en la plaza Santa Cruz, 2; el Altar del Carme, situado en la calle Alta número 51; y la asociación de Amigos del Corpus de Valencia, ubicada en la plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, 4. Al menos, estas son las direcciones de las que tiene constancia desde 2001 la delegación que representa María Oliver, que además denuncia el intercambio deliberado que han sufrido entre concejalías estas cesiones durante años. De hecho, en la dirección donde figura el Altar del Carme en el inventario de Patrimonio, actualmente se encuentra la Asociación de Vecinos y Comericantes del Carme.
Estas asociaciones de corte religioso representan sólo cuatro de las 233 concesiones sobre edificios y locales públicos que mantiene el consistorio con colectivos culturales y sociales de la ciudad. Sin embargo, estas merecerían especial atención por parte de Patrimonio, ya que existen «dudas» sobre el aprovechamiento que las entidades festivas hacen durante todo el año del local y sobre el trabajo que desarrollan en el barrio donde operan.
Está previsto que Patrimonio convoque un concurso durante el mes de mayo en el que se publicarán todos los locales y edificios de titularidad pública del inventario municipal. Las asociaciones que ocupen estos locales deberán presentar documentación que acredite su trayectoria durante los años de la concesión, así como un proyecto de actividad en el que expongan las acciones que el colectivo pretende llevar a cabo durante el año.
«Nuestra intención es acabar con los agravios comparativos entre las asociaciones de la ciudad e igualar a todos los colectivos, ya que muchos no pueden acceder a ningún local para su actividad a causa de la falta de oferta», explica María Oliver (En Comú), concejal de Patrimonio del consistorio. «La ciudadanía tiene que darse cuenta de los recursos con lo que contamos. La demanda excede con mucho el número de locales con los que contamos», asegura.
Según fuentes de la delegación, las concesiones que se generen del nuevo concurso serán «revisables y renovables». Además comprenderán una duración determinada, aunque todavía no se ha concretado su temporalidad.
Otros en el punto de mira
Junto a las cuatro asociaciones de corte religioso que se mantienen en el punto de mira, Patrimonio vigila otros dos colectivos cuya actividad no estaría dentro de la línea fijada, como la Sociedad Micológica Valenciana, ubicada en la calle Corredores número 6, y la Asociación Paraguaya Guaraní, situada en un local municipal de la plaza Santa Cruz número 6. Este último colectivo de carácter diplomático cuenta con una concesión desde 2008. A la inauguración acudió la anterior concejal de Bienestar Social, Marta Torrado, y el anterior conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ahora en prisión por el Caso Cooperación.
La concesión se otorgó en su día con el objetivo de hacer de esta asociación un punto de referencia para los 1.300 de inmigrantes paraguayos con los que contaba la ciudad en su momento. Sin embargo, el consistorio duda ahora sobre el beneficio que aporta este colectivo a El Carme. Con esta nueva medida, el consistorio pretende rescatar la gestión de los locales municipales de la ciudad, cuya actividad no se revisaba en el pasado, ya que «las concesiones se otorgaban sine die y sin ninguna transparencia», según la edila.
