El grupo popular del Ayuntamiento de Valencia ratificó ayer la denuncia interpuesta contra el alcalde Joan Ribó y otros cuatro concejales de Compromís y València en Comú por cargar a las arcas municipales los 7.212 euros que gastaron en A Coruña durante el encuentro denominado «Ciudades por el bien común», encuentro que, a su juicio, tenía carácter político y debían haber costeado sus respectivos partidos.
Confirmaba así lo que puede ser un órdago para la estabilidad del Ayuntamiento de Valencia, pues el propio Ribó se ha comprometido a dejar el cargo si es «investigado» por esta causa.
La denuncia, que se produjo días después de que todos los ediles populares, excepto uno, fueran «investigados» por un presunto blanqueo de capitales, hace referencia a la reunión que se produjo los días 27 y 28 de noviembre en A Coruña. A aquel encuentro, también denominado de «ciudades rebeldes», asistieron los alcaldes de la capital gallega, Zaragoza, Barcelona, Valencia etc. Y por Valencia, en concreto, acudieron el propio Ribó más los concejales Gloria Tello, María Oliver, Jordi Peris y Roberto Jaramillo, así como varios técnicos municipales.
En total, los gastos ascendieron a 7.212 euros y se cargaron a tres departamentos distintos: 3.290 a gastos de Alcaldía, 2.210 a gastos de Personal y 1.767 a la Fundación InnDea, de carácter municipal.
Para el Partido Popular, aquel encuentro fue un «acto de partido» que nunca debió cargarse al consistorio, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía por si se hubiera cometido algún delito. Y ayer el fiscal, tras abrir diligencias, citó a los concejales para ratificar su denuncia y sus argumentos.
Los primeros en acudir „el resto lo hará en los próximos días„ fueron los concejales Alfonso Novo y Beatriz Simón, que se reafirmaron en todas las acusaciones. «Entendemos que ese evento no tenía cobertura municipal porque era un acto de partido», explicó Novo a su salida de la Ciudad de la Justicia.
Al parecer, su declaración ante el fiscal se centró, punto por punto, en el texto de la denuncia con dos asuntos en los que hicieron especial incidencia. El primero es que faltaban cinco días para el inicio de la campaña electoral de las últimas Generales y todas las fuerzas concurrentes iban en una única candidatura, Podemos. La otra es que «los propios asistentes han reconocido que era un acto de partido y ninguno o casi ninguno han pasado los gastos al ayuntamiento».
En ese sentido, Novo explicó que ha habido una ampliación de denuncia en la que recogen recortes de prensa donde se comprueba que «el resto de partidos giraron los gastos al grupo municipal o al partido y los presupuestos municipales no se vieron afectados».
Argumentario
En el argumentario de la denuncia se especifica también que este encuentro de Galicia no fue aprobado en ningún órgano de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia; que no fueron convocadas formaciones políticas que no fueran afines a Podemos; e incluso que uno de los técnicos asistentes ni siquiera pertenecía a la Fundación InnDea hasta que un par de meses después fue seleccionado para ocupar un puesto de técnico en esa institución.
La denuncia hace referencia, por último, al hecho de que los socialistas, también socios de Gobierno en Valencia, no acudieran a la reunión de A Coruña, aunque este asunto es también argumento de Compromís en sentido contrario, pues la invitación que cursaron los organizadores del evento iba dirigido a todo el equipo de Gobierno y si los socialistas no acudieron, fue por decisión propia.
Ahora, una vez ratificada la denuncia, el Fiscal tiene que decidir si la archiva o la traslada al juzgado, que es el que finalmente debe tomar la decisión de «investigar» o no a Ribó y a sus cuatro concejales. El alcalde ya ha dicho que si es «investigado» abandonará el cargo, lo que convierte el caso en un órdago a la estabilidad municipal.
