La Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública de Valencia, con el apoyo de la Coordinadora de Ciutat Vella o la Asociación de Vecinos de Nazaret, ha reclamado una mayor implicación de las administraciones autonómica y local en la mejora de la vivienda pública. Exigen un aumento del parque de viviendas y, entre tanto, una bajada de los alquileres al 18% de la renta familiar con un techo de 350 euros. Pero hasta ahora no han tenido éxito simplemente porque «no hay dinero para nada», asegura la portavoz vecinal Trini Piquer.

En la actualidad la Generalitat Valenciana «tiene sobre la mesa 10.000 solicitudes de vivienda social», pero el parque de viviendas del que dispone se encuentra en muy mal estado „«El PP se preocupaba de la construcción, pero no del mantenimiento», afirman„ y los presupuestos apenas llegarían para poner en marcha 200 o 300 pisos, una cantidad «claramente insuficiente», dicen.

Por su parte, la empresa municipal Aumsa tiene ocupadas sus 550 viviendas públicas y no puede atender las nuevas peticiones pese a que la Concejalía de Patrimonio dispone de un centenar de viviendas sin utilizar. «Es increíble „dice Piquer„ que siendo la misma administración no se solucione ese problema».

Todas las esperanzas se centran, pues, en la próxima Ley de la Vivienda que, según les explicó el director general Alberto Sanchis, se está redactando en el Consell. La idea es unificar en un solo registro todas las viviendas sociales y hacer una mejor gestión de las mismas, pues uno de los problemas actuales es la dispersión entre administraciones e incluso dentro de una misma administración.

Los vecinos añaden la necesidad de conseguir créditos públicos „del ICO, por ejemplo„ para ayudar a la construcción, la rehabilitación y la ocupación de viviendas, así como presionar a los bancos para que entreguen viviendas desocupadas, cosa que no están haciendo por el momento, dicen los vecinos.

De todas formas, como eso no se resolverá en el corto plazo, los vecinos exigen medidas transitorias de inmediata aplicación. Concretamente, piden una rebaja de los alquileres sociales, ajustándolos al 18% de la renta familiar (no al 30% como se hace ahora) y con un techo de 350 euros incluidos gastos de comunidad.

Con Aumsa ya llegaron a un acuerdo para rebajar los alquileres hasta un 35% y los vecinos quieren que esa medida se aplique también en la Generalitat con los criterios antes citados. Aseguran que hay inquilinos que ya no pueden atender sus necesidades básicas y los alquileres.