La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la concesión de hasta 1,2 millones de euros para ayudar a las familias que no pueden abonar el alquiler de su hogar. El consistorio aprobó las bases de la convocatoria, con una subvención máxima de 180 euros al mes, que contribuirán (en un 40 por ciento) al pago de alquileres inferiores a los 450 euros mensuales, y que se entregarán directamente a los inquilinos que tendrán que contar con ingresos para poder abonar la diferencia. Las ayudas directas serán de un máximo de 2.160 euros anuales.

La concejala delegada de Vivienda, María Oliver, explicó que esta partida presupuestaria trata de garantizar el acceso a una vivienda digna de aquellas personas empadronadas en Valencia que no se encuentran en situación de exclusión social pero tampoco disponen de liquidez suficiente para abonar un alquiler.

Es el caso, por ejemplo, de colectivos de mayores de 60 años con pensiones bajas y jóvenes con sueldos igualmente bajos, que en muchas ocasiones han tenido que volver a su hogar familiar.

«El objetivo del Ayuntamiento es evitar los desahucios de personas alquiladas, y que todos los ciudadanos y ciudadanas dispongan de una vivienda digna, un derecho básico que hasta el momento no se ha tenido en cuenta en una Valencia que había incrementado su parque de viviendas con criterios especulativos», dijo la concejala, que recordó que los servicios sociales municipales ya contemplan otras ayudas para quienes se encuentran en riesgo de exclusión o de un desahucio hipotecario.

Una vez publicadas las bases de las subvenciones en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados cuentan con dos meses para solicitar estas ayudas. Pueden acceder a ellas las personas residentes en Valencia y empadronados en la vivienda para la cual se solicita la ayuda de alquiler, del que siempre tiene que haber un contrato.

Una comisión valorará a los solicitantes que reúnan estos requisitos, que además dispongan de ingresos para poder pagar el 60% del arrendamiento que no cubre la subvención. Este proceso se llevará a cabo en cuatro meses y entre los criterios que se tendrán en cuenta destacan la renta.