El Ayuntamiento de Valencia anunció ayer la puesta en marcha de un plan de control fiscal cuyo objetivo es que todos los ciudadanos y especialmente los grandes negocios paguen lo establecido por la ley y se acabe con la bolsa de fraude que se arrastra desde hace años. Habrá más inspectores, mayor coordinación con la Agencia Tributaria, se contratará a empresas externas y se pondrá en marcha una campaña invitando a particulares y empresas a ponerse al día con sus obligaciones municipales. No deben tener miedo porque en principio no habrá sanciones a nadie. Pero una vez superada esta primera fase se abrirá un plazo, de no más de un mes, a partir del cual los incumplimientos se traducirán esta vez sí en multas.
El propio alcalde, Joan Ribó, y el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, fueron los encargados de presentar este plan, anunciado ya cuando el nuevo equipo de Gobierno llegó a la casa consistorial. Cuatro son, según Ribó, las medidas fundamentales para mejorar el control de los impuestos municipales, especialmente del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las Plusvalías o las terrazas.
La primera es crear un cuerpo de inspectores para vigilar el cumplimiento de la norma. Hasta hora no lo había y ya se ha contratado a tres personas para ello, a las que se unirá próximamente una cuarta. Se reforzarán también los servicios y los equipos informáticos para mejorar la información. Y se mejorará la coordinación con la Agencia Tributaria.
Finalmente, se contratarán empresas externas para la asistencia en el cobro del IAE y del ICIO, un servicio que, según explicó Vilar, no costará nada al ayuntamiento, pues sólo cobran una comisión por el dinero que recaudan.
Inspecciones aleatorias
Ribó explicó que las inspecciones no se harán a todo el mundo, sino a aquellos que superen determinados baremos y siempre de forma aleatoria. Por ejemplo, para las plusvalías la muestra será como mínimo del 10% y mayor de ese porcentaje a medida que aumente el valor catastral.
En el caso del IAE, las empresas afectadas son aquellas que ingresan más de 1 millón de euros, y para el ICIO los controles se centrarán en los proyectos de más de 60.000 euros, es decir, no se perseguirá a quienes se estén reformando el piso, precisó Ribó.
Y las terrazas, por último, serán especialmente vigiladas en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y en aquellos barrios donde haya denuncias de los vecinos.
Además de todas estas medidas, el ayuntamiento tiene previsto poner en marcha una campaña informativa invitando a los particulares y las empresas a revisar sus pagos y ajustarlos, si fuera necesario, a la normativa vigente. Se les facilitará el contacto con el ayuntamiento para que puedan hacerlo y se procederá a su normalización inmediata.
El alcalde explicó que no habrá sanción para nadie. «Será como las motos, primero informar y luego sancionar». Aunque una vez superada esta primera fase informativa y de colaboración, se actuará contundentemente.
Todo parece indicar que el consistorio abrirá un plazo , probablemente de un mes, para que todo el mundo se ponga al día en el pago de sus impuestos y luego procederá a sancionar. Y en ningún caso se perdonará la deuda que pudieran haber contraído con las arcas municipales, es decir, no habrá amnistía fiscal, precisó Vilar.
