El equipo de Gobierno y el Partido Popular discrepan abiertamente sobre la finalidad del plan fiscal presentado ayer por Joan Ribó y aprobado, previsiblemente, en la Junta de Gobierno Local de hoy. Para el PP se trata de un medida puramente «recaudatoria» y para Ribó se trata de una cuestión de «equidad» cuyo fin es proteger y mejorar los servicios públicos. En el caso del IAE es además una imposición de la Ley de Haciendas Locales que se incumple desde 2004.
«El ciudadano normal está muy controlado y los grandes negocios están menos», dijo Ribó, quien considera esencial dar «uniformidad» a esos pagos para poder atender los servicios sociales, los jardines, la limpieza y el resto de servicios municipales.
El alcalde recordó incluso que el hecho de que determinadas empresas no paguen sus impuestos supone «una competencia desleal» con otras compañías que sí lo hacen.
«Pagan justos por pecadores y los pecadores en este caso son quienes intentan escaparse de sus obligaciones fiscales», sentenció.
Tales explicaciones no convencieron, sin embargo, al Partido Popular. Su portavoz, Eusebio Monzó, aseguró que «estas medidas sólo responden al afán recaudatorio del señor Ribó y del tripartito, que si por el algo están destacando desde que gobiernan la ciudad es por sus continuas trabas a comerciantes, emprendedores autónomos y a los empresarios en general, sin importarles si son grandes, medianos o pequeños».
El Grupo Popular, según Monzó, considera fundamental que exista una fluida colaboración público-privada en Valencia «para incentivar la economía y posibilitar la creación de puestos de trabajo», una colaboración que el gobierno municipal «siempre ha rechazado, con argumentos propios de la izquierda más trasnochada que piensa que todo tiene que ser público».
Sí ha contratado, sin embargo, a una empresa privada para cobrar impuestos y aumentar la recaudación, advirtió.
