El plan de acción territorial de la Huerta y la ley que lo desarrollará cuyas líneas maestras fueron esbozadas el martes por los responsables de la Conselleria de Obras Públicas y Vertebración ha sido acogido con una mezcla de optimismo y escepticismo por parte de la plataforma Per l´Horta, el colectivo más veterano en la defensa del paisaje y modo de vida de la huerta. «Esperamos que este plan sea algo diferente, tenemos esperanzas, la música suena bien pero vamos a esperar a ver la letra», apuntó el portavoz del colectivo, Josep Gavaldà. En Per l´Horta, añadió, «estamos escarmentados y esperamos que el nuevo plan no acabe en un cajón como el anterior».

El nuevo plan de la huerta, impulsado por el Gobierno del socialista Ximo Puig, es en realidad una nueva versión del plan de la huerta que el anterior gobierno de Francisco Camps presentó en 2008 y del que nunca más se supo. Aquel fue un documento muy ambicioso que, sin embargo, se fue «desnaturalizando por presiones políticas» y al final no pasó de la fase de alegaciones, apunta Gavaldà, quien asegura que el colectivo que representa estudiará con detalle el anteproyecto de la ley y del plan cuando se presenten y harán «alegaciones para mejorarlo en lo posible».

«Hace falta un plan de acción de la huerta y confiamos en que esta vez se lleve adelante», remachó Gavaldà.

Per l´Horta ha insistido en la fase de consultas previa a la presentación del plan, en la necesidad de crear un único órgano de gestión de la huerta, como los «parques agrarios» que funcionan con éxito en Milán o en el Baix Llobregat, que establezca acciones de comercialización y estrategias conjuntas entre los agricultores de todos los municipios de l´Horta. Un órgano al que será necesario dotar de presupuesto y medios técnicos. En este sentido fuentes de la Conselleria de Vertebración explicaron que el plan está todavía en fase «embrionaria» y todavía no se ha hablado de dotación presupuestario.

Exceso de proteccionismo

En todo caso, la financiación llegaría a través de ese órgano de gestión único previsto en la ley. Una normativa y un plan de la huerta que aún tardarán al menos un año en tramitarse. Tanto el plan como la ley que lo desarrollará y dará cobertura legal a cuestiones como la expropiación del uso de los terrenos agrícolas abandonados, se tramitarán en paralelo. Las alegaciones que se presentaron „por cientos„ a la versión anterior del plan de la Huerta, que nunca llegaron a responderse, se incorporarán al nuevo plan, lo que alargará la tramitación.

La concejal de Pedanías y Huerta del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, valoró ayer el impulso al plan de la huerta porque «dará cobertura legal» a muchas de las acciones que se están llevando a cabo en la ciudad, como la creación de mercados de proximidad y la recuperación de la «tira de contar» y a otras de las que se espera que den impulso a la agricultura como las expropiaciones de parcelas sin uso.

«Hay muchos elementos positivos», destacó Castillo quien aseguró que en la redacción de la ley no se debe caer en criterios «excesivamente proteccionistas» para evitar el despoblamiento y envejecimiento de los núcleos rurales, con trabas a las nuevas viviendas que obligan a la gente joven a irse a vivir a otro sitio, un problema que sufren, entre otras pedanías, la de Poble Nou. En esta línea, el nuevo plan de acción abre la mano a nuevos usos enfocados a la restauración y el turismo que permitan diversificar y complementar las rentas de los agricultores al tiempo que fomentar el conocimiento y la cultura de la huerta valenciana.

Consol Castillo manifestó su convicción en que el nuevo plan «tiene futuro» porque llega con «un cambio de mentalidad a favor de una alimentación saludable y de la necesidad de conservar el medio natural para frenar el cambio climático».

Uno de los instrumentos para preservar el paisaje de los que se han incluido en la nueva versión del Plan de Acción Territorial (PAT) de l´Horta, es la posibilidad de que los ayuntamientos declaren sus huertas productivas como zona verde. Hasta ahora, la normativa estipula que por cada habitante previsto en las nuevas zonas residenciales se reserven diez metros cuadrados de espacio verde. A partir de ahora, el PAT permitirá que hasta el 50 % de los denominados PQL (parque público) podrán ser campos de cultivo.

Así, en municipios como Alboraia, donde las zonas agrícolas ocupan la mayor parte del término municipal no residencial, no habrá que convertir la huerta productiva en zona verde para cumplir con el mínimo de parque público por habitante. De hecho, el alcalde Miguel Chavarría (PSPV) apuntó ayer que la Conselleria de Territorio ha establecido este instrumento en el PAT tras la petición al respecto realizada por su consistorio el pasado año. Es más, Chavarría señaló ayer que ahora, al no tener que ceder parcelas urbanas a los propietarios de las huertas que se planeaban expropiar para convertirlas en parque público, el ayuntamiento podrá reducir la cantidad de suelo residencial que había incluido en su proyecto de PGOU, actualmente en fase de elaboración.

Hasta ahora, Alboraia había justificado la reclasificación prevista en el PGOU de áreas de huerta en residencial por la necesidad de obtener equipamientos escolares y un nuevo vial que uniese Patacona y Port Saplaya con el casco urbano. Al estar obligados por ley a reservar diez metros de zona verde por habitante, los técnicos del ayuntamiento habían calculado que habría que obtener unos 150.000 metros cuadrados más de zona verde comprando huertas y transformándolas en parques y jardines.

«Era absurdo convertir la huerta en parque cuando lo que precisamente pretende el PAT es proteger la huerta „subrayó ayer Chavarría„. Ahora que no tendremeos que compensar a los labradores por los campos que íbamos a expropiarles para cumplir la ley, no estamos obligados a que las zonas urbanas crezcan tanto».