De los retos que el actual equipo de gobierno tenemos sobre la mesa, la gestión del patrimonio público es uno de los que más necesita de un cambio claro de rumbo, acompañado del imprescindible debate público. Si el PP compró propiedades en El Cabanyal para convertirlas en solares, nosotras y nosotros estamos trabajando para la regeneración y rehabilitación del barrio.

La degradación inducida en el Cabanyal-Canyamelar ha llevado a una depreciación del valor de los inmuebles adquiridos con dinero público. ¿Tenemos que asumir como inevitable la socialización de estas pérdidas? ¿Es la venta la única solución a la falta de liquidez de las Administraciones Públicas que impide afrontar con agilidad la rehabilitación del patrimonio para su uso en beneficio del bien común?

Es indiscutible que la venta es la opción más inmediata para afrontar los problemas de liquidez más urgentes, como el de dar continuidad a la Sociedad Plan Cabanyal. Reconvertida ésta en gestora de la regeneración del barrio, consideramos que es una pieza fundamental para agilizar la titánica labor de devolver a la zona la dignidad perdida. Por este motivo, la subasta de inmuebles anunciada por esta sociedad está en todo caso justificada.

Pero la venta no es la única opción, ni tan siquiera es la que establece la ley como prioritaria. A muchas personas les sorprenderá, pero la LOTUP, la ley valenciana de ordenación del territorio, especifica claramente: «Como regla general, en la gestión del patrimonio público de suelo se preferirá la enajenación en régimen de derecho de superficie a la del pleno dominio». Y ¿qué es este derecho de superficie al que alude la ley? Esta figura atribuye a la entidad beneficiaria la facultad de construir en el suelo, vuelo y subsuelo de una finca ajena manteniendo temporalmente la propiedad, sin que el propietario real del suelo pierda su titularidad. También puede constituirse este derecho sobre construcciones y edificaciones existentes.

A nuestro juicio, es ésta una inmejorable posibilidad que sortea, por una parte, el dilema de vender nuestro patrimonio asumiendo la pérdida coyuntural de su valor y, además, al conservar la propiedad evitamos la especulación y la gentrificación, el proceso por el cual se desplaza a la población originaria del barrio como consecuencia del aumento del valor inmobiliario. Además es la medida más segura para los propietarios ante posibles cambios en la normativa urbanística.

Con esta cesión del derecho de superficie, entronca la alternativa que hoy queremos explicar: el sistema cooperativo escandinavo conocido como «modelo Andel», que ha sido propuesto como modelo de gestión por diferentes entidades y profesionales vinculadas al barrio de El Cabanyal.

El modelo escandinavo introduce la cooperativa como ente gestor de la propiedad cedida. Es la cooperativa la que rehabilita o construye y gestiona las viviendas, que son sufragados mediante préstamo hipotecario o aportaciones de los cooperativistas. La propiedad se cede por un plazo máximo de 75 años pudiendo los socios durante este tiempo dejar la vivienda a sus hijos, o cambiarla dentro de la misma cooperativa.

Es una vía también para facilitar el acceso a la vivienda a un coste asequible a la ciudadanía más joven o con menos renta, pues se elimina de la inversión, el precio del suelo y el beneficio del promotor. Es una vía que fortalece el derecho básico de acceso a una vivienda digna.

Asumir el modelo Andel colocaría a Valencia en la punta de lanza de un modelo de gestión de la vivienda pública inexplorado en nuestro país. Y para poder llevar a cabo este modelo audaz y pionero, hace falta que el Ayuntamiento lidere y facilite este cambio de mentalidad.

Somos muchas y muchos los que en su día apoyamos la rehabilitación en lugar de la destrucción. Y hoy defendemos la cesión como alternativa a la venta.