Cuando el juzgado de instrucción número 12 de Valencia ordenó la apertura de juicio oral contra los dos peritos por falso testimonio, el 20 de abril de 2015, también impuso una fianza de dos millones de euros. Una decisión adoptada para afrontar las «posibles responsabilidades pecuaniarias que pudieran exigírseles» a los dos acusados. También existiría la posibilidad de que se les embargaran las propiedades a su nombre por este mismo valor. La fianza, sin embargo, no ha sido abonada a pesar del tiempo transcurrido. Como responsables civil directa fue declarada la aseguradora Asemas y, como subsidiaria, la sociedad tasadora de los Colegios de Arquitectos, Arquitasa, donde trabajaba uno de los acusados.
Los dos peritos recurrieron ante el Juzgado de Instrucción 12 el auto en el que se les imponía la fianza millonaria. Unos argumentos que fueron aceptados por la magistrada, que decidió dejar sin efecto la responsabilidad civil de los dos peritos acusados por falso testimonio.
Sin embargo, un recurso ante la sección tercera de la Audiencia de Valencia del familiar que ha impulsado toda la investigación volvió a reactivar la fianza exigida a los dos peritos imputados, según un auto del pasado 10 de marzo al que ha tenido acceso Levante-EMV. Los magistrados de la sección tercera Carlos Climent, Carmen Melero y Lamberto Juan Rodríguez consideraron que la medida cautelar de la fianza, exigida en el auto de apertura de juicio oral por falso testimonio contra los dos peritos, «no puede ser modificado» al impugnar esta decisión judicial, sino en un momento procesal posterior.
