Francisco García, presidente de la asociación de propietarios de apartamentos turísticos ViuTur y persona que ha ganado el contencioso al Ayuntamiento de Valencia por la legalidad de este tipo de viviendas, expresó ayer su disposición a dialogar con los responsables municipales, cosa que ocurrirá el próximo lunes, para avanzar en una regulación del sector y garantizar la tranquilidad de los vecinos. A su juicio, eso se puede conseguir con la normativa actual, que ya permite rescindir los contratos si hay molestias. Sólo hace falta que el ayuntamiento y la Generalitat la apliquen y pongan las herramientas para hacerla efectiva, incluida la Policía Local, explica.

Sobre la mesa está en la actualidad una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 6 de Valencia que dice que las viviendas turísticas, intercaladas en fincas de vecinos normales, no pueden ser tratadas como hoteles y obligarles a presentar declaración ambiental. Y del otro lado, el ayuntamiento, muy remiso a permitir este tipo de apartamentos para evitar molestias a los vecinos, ha anunciado la apertura de un proceso para hacer una nueva regulación específica que responda a la filosofía de la sentencia.

Mucho diálogo

Con estos mimbres, la asociación Viutur, cuyo presidente es precisamente el beneficiario de la sentencia, y los responsables municipales se sentarán a dialogar el próximo lunes. «Eso es lo que nosotros queremos, consenso y diálogo, y eso es lo que vamos a buscar», asegura García, que ya ha tratado de ponerse en contacto con la Federación de Asociaciones de Vecinos y ha hablado con la policía local de Ciutat Vella. Incluso se han ofrecido a «hablar con quien haga falta» a través de la Junta de Distrito.

Si el problema, o uno de los problemas, son las posibles molestias a los vecinos, García advierte de que «en los cientos de alquileres que he hecho, se cuentan con los dedos de la mano los que han dado problemas». «Molestan estos vecinos como puede molestar un vecino normal», afirma. La ley actual, concretamente el artículo 18 del decreto 92/2009, prevé la rescisión del contrato si se producen molestias o se altera el orden público. «Sólo hay que aplicar la ley que ya existe y si se quiere reforzar mejor, pero no hace falta una nueva normativa. Lo que necesitamos son herramientas para poder aplicar la que hay», dijo García, que pensaba, por ejemplo, en la Policía Local.

En medio de un proceso de diálogo que ya parece en marcha, la incógnita es qué pasara con los 17 expedientes abiertos a otros tantos propietarios de apartamentos turísticos de la capital. Para Francisco García, que denunció esta situación en los juzgados tras la clausura de sus cinco viviendas, lo lógico sería paralizar los expedientes y ver si cumplen la legalidad actual en los términos que dice la sentencia. «Y luego si hay que legislar que se legisle», añade. Por otro lado, se compromete como empresario a ser muy exigente «con la gente que viene», un compromiso que han adquirido los asociados de Viutur. «Nosotros somos pequeños propietarios, somos gente de bien, que generamos autoempleo y queremos lo mejor para la ciudad», afirma García, quien lamenta, por contra, «las facilidades de grupos inversores que vienen a Valencia y compran lo que quieren». García reitera que su objetivo no es ni será la confrontación con nadie.