El Ayuntamiento de Valencia tratará de salvar del cierre al Balneario Alameda, después de que el centro termal haya anunciado a su clientela que el próximo domingo será el último día que prestará servicios. La empresa concesionaria, Mibor Urbana SL, que está en concurso de acreedores, acumula una deuda de 300.000 euros con el consistorio, y ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción la plantilla de 26 trabajadores. La concejala de Patrimonio, María Oliver, aseguró ayer que quieren «buscar las fórmulas que lleven a que no cierre y que en la medida de lo posible los trabajadores sean subrogados».
Sin embargo el tiempo corre en contra de los trabajadores y de la propia instalación, el único centro terminal de España ubicado en un centro urbano. Oliver reconoció ayer que una cosa «es el deseo del ayuntamiento y otra son los juzgados, que tienen que decidir». Y es que el proceso de liquidación de la empresa parece irrevocable ante la falta de ingresos. Mibor ha querido salvaguardar los pagos a sus empelados y proveedores y, al tiempo, no vender tratamientos futuros sin la seguridad de que pudiera mantener abiertas sus puertas. Eso ha arruinado varias campañas y las ventas se hacen prácticamente al día, lo que imposibilita aumentar la cifra de ingresos.
María Oliver aseguró ayer que el Ayuntamiento tiene previsto ponerse en contacto con el administrador concursal de Mibor Urbana, José Andreu López, para «coordinar los pasos» y al tiempo que estudia si sacan otro pliego de condiciones, «podemos encontrar una forma por la cual el balneario no tenga que cerrar».
La concejala de Patrimonio recordó que si Mibor no podía cumplir las condiciones del pliego por el que le fue adjudicado, «tiene que cerrar» porque el consistorio «no puede socializar deudas de empresas privadas». Oliver espera llegar a un acuerdo con los administradores concursales para que trabajadores y edificio «no sufran». Y es que, el sistema de mantenimiento del balneario, ubicado el edificio histórico de La Lactancia, es muy complejo. Los trabajadores han advertido de que, si permanece cerrado mucho tiempo, podría echarse a perder el sistema termal. La regidora de València en Comú es consciente de ello: «Una parada de las instalaciones puede ser muy costosa».
ERE en marcha
Por su parte, la gerente de Mibor Urbana, Cristina Miguel, explicó ayer que la empresa solicitó la liquidación el pasado 20 de abril y que su intención es seguir abiertos mientras dure el proceso del ERE de extinción de 26 trabajadores, lo que cree que ocurrirá durante este mismo mes. Según los trabajadores, hoy mismo se les notificará.
Miguel recordó que de 2012 a enero de 2015 estuvieron en concurso de acreedores y mientras tanto llegaron a un acuerdo con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para una quita del 50 %, con el Ayuntamiento y cerraron un acuerdo para saldar la deuda mediante compensación por el exceso de inversión que no se llegó a aprobar.
«Con el cambio de gobierno no se ha mantenido ese acuerdo que la empresa cerró con el ayuntamiento y no con ningún partido político», reprochó la gerente, quien indicó que el consistorio sabía de hace tiempo la situación y «lo hubiera podido solucionar poniendo en práctica el acuerdo». Sin embargo, fue el PP el que pese propiciar ese acuerdo de quita, no llegó a aprobarlo en Junta de Gobierno, aunque tuvo tiempo suficiente para hacerlo.
Según Cristina Miguel, las instalaciones reabrieron hace diez años como un balneario de lujo pero tras un cambio de gestión, hace «4 ó 5 años, se intentó que fuera para todo el mundo, que vinieran familias y tener ofertas para discapacitados o gente mayor» y el cierre «es un palo para los usuarios».
El negocio, explicó, ha sufrido la crisis porque aunque mucha gente acudía por salud, el porcentaje de los que lo hacían por ocio había descendido y ahora que empezaban a equilibrarse podían haber dado un impulso «empezando con deuda cero con el ayuntamiento». En este tiempo trataron de ampliar los servicios con Bienestar Social para que se bañaran dos mil personas mayores y llegar a un acuerdo con la Fundación Deportiva Municipal, pero el ayuntamiento dijo que no podía arreglar «los problemas de una empresa privada, a pesar de que se ofrecía un servicio social, a precio más bajo».
