12 de mayo de 2016
12.05.2016

Los trabajadores sociales se oponen al Banco Solidario de Alimentos porque estigmatiza

El colegio de profesionales celebra que el consistorio asuma con ayudas directas la atención de las personas que acuden a las «colas de la vergüenza»

12.05.2016 | 12:38
Los trabajadores sociales se oponen al Banco Solidario de Alimentos porque estigmatiza

El Cole·legi Oficial de Treball Social de Valencia (COTS), la entidad que reúne a los profesionales que prestan servicio a las personas en riesgo de exclusión social, han aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Valencia de ofrecer ayudas directas a las familias más desfavorecidas en lugar de subvencionar al Banco de Acción Solidaria (antiguo Banco Solidario de Alimentos), que organiza el reparto de comida no perecedera, también conocido como las «colas de la vergüenza». La presidenta del COTS Valencia, Elena Puig, denuncia este tipo de entidades «solo sirven para estigmatizar a las personas», no resuelven el verdadero problema de los colectivos afectados y no favorecen su integración.

A final de junio el Banco de Acción Solidaria que preside Jaime Serra deberá desalojar la sede municipal que ocupa en la calle Santa Cruz de Tenerife y perderá la subvención de 85.000 euros que recibía anualmente del Ayuntamiento de Valencia. Como desveló Levante-EMV, el 87 por ciento de la ayuda que recibe esta se va para pagar la nómina de sus empleados, según las cuentas a las que tuvo acceso este periódico. De ahí que la Concejalía de Bienestar Social haya decidido redirigir esa importante cantidad para asignaciones directas a las personas con menos recursos. De hecho, la delegación que dirige Consol Castillo ha aumentado en 2016 un 47 por ciento las ayudas de emergencia social, con un importe total de 5,5 millones de euros.

Esa hoja de ruta la comparten también los trabajadores sociales de Valencia, ya que consideran que entidades como el Banco de Acción Solidaria «no da respuesta a las personas». «El reparto de alimentos es un retroceso, no garantiza derechos, estigmatiza a las personas y las familias creando colas. Los alimentos que reparten no son suficientes y en muchos casos tampoco los más adecuados. El Banco de Acción Solidaria no cubre las necesidades de alimentación de las familias. En cambio, los servicios sociales siempre buscamos soluciones para las familias que estas entidades no prestan, les damos un seguimiento adecuado con un protocolo de actuación y tratamos de facilitar su reinserción. Sobre todo porque somos profesionales formados para dar la mejor cobertura social a estos colectivos», sostiene la presidenta de COTS Valencia, Elena Puig.

Para la máxima responsable de los profesionales de servicios sociales, en anteriores etapas de gobierno municipal se fomentaron dos sistemas paralelos, «uno basado en la beneficencia y otro de servicios sociales». Sin embargo, denuncia que muchos trabajadores sociales estaban en contra de dar su «firma» para derivar a personas al Banco Solidario.

55 personas al mes

Hay que recordar que el convenio firmado por la exalcaldesa Rita Barberá establecía que el Banco Solidario de Alimentos se hacía cargo de la manutención de 55 personas de cada unos de los 11 centros municipales. Al mes unos 605 individuos eran atendidos. La práctica, suponía, en palabras de Puig, que el ayuntamiento «en cierto modo se desentendía de muchas familias». «En realidad se daba salida a una ONG, más que cuidar el derecho de las personas. Hemos recibido muchas quejas de colegiados que se oponen al banco de alimentos. Cuando derivas a las personas a esta entidad se supone que tienes un seguimiento, porque el anterior consistorio lo permitía, pero en verdad a esas personas no se les daba una respuesta adecuada», lamenta Puig.

«Los trabajadores sociales no vamos a justificar facturas, sino a dar la mejor atención posible. Somos profesionales formados. La familia que pasa hambre y acepta un plan de intervención es consciente de la grave situación que atraviesa y lo que quiere es salir de ahí. Nosotros les hacemos un seguimiento y si no cumplen el programa, pierden la ayuda. Al final lo que hacemos es dignificar a las personas», asegura Elena Puig, que añade: «Nuestra misión no es la de controlar, sino trabajar por las personas. Ellas tienen que asumir su responsabilidad y sentirse autónomas, y por eso apostamos por garantizar sus derechos».

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