20 de mayo de 2016
20.05.2016

Proyecto piloto de mediación judicial para proteger a las víctimas de delitos en Valencia

El convenio se ha firmado entre la Generalitat, estamentos judiciales y diversos colegios oficiales

20.05.2016 | 11:14

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica hoy la entrada en vigor de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la ciudad de Valencia, en el que se busca garantizar la protección de las víctimas en los procesos judiciales.

El DOGV recoge la resolución del pasado 18 de mayo de 2016, en la que se recoge el convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro Familiar (FAVIDE), la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia, el Colegio de Abogados de Valencia, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d´Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana y el Colegio de Procuradores de Valencia, para la continuidad del desarrollo de un proyecto piloto de mediación penal intrajudicial en la ciudad de Valencia

Los objetivos de este convenio establecen una serie de medidas concretas. En primer lugar introducir en el marco de un proceso judicial penal mecanismos de justicia restaurativa –en concreto, la mediación– como instrumentos de complemento y mejora de la respuesta judicial. Velará para que se restablezca la vigencia de la norma y se reconstruya la paz social quebrada por el delito. Asímismo, analizará cómo afrontar las causas reales del conflicto y sus consecuencias, y generar un espacio de comunicación idóneo para satisfacer las necesidades personales de la víctima y el infractor.

El convenio debe posibilitar que la víctima sea y se sienta protagonista tanto del procedimiento penal como del modo de resolverlo, asegurando su efectiva protección mediante la reparación o disminución del daño causados por el delito.

De igual manera, debe posibilitar que el infractor se responsabilice de las consecuencias del delito mediante un mecanismo, la mediación, que se ha constatado útil y eficiente para el cumplimiento de uno de los fines constitucionales de las penas y, por ende, del derecho penal: la reinserción social del delincuente. Por último tendrá que establecer instrumentos de colaboración entre los diferentes operadores jurídicos implicados.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook