La Concejalía de Bienes Social contará en futuros ejercicios con 2,5 millones de euros más para ampliar sus recursos y políticas actuales tras firmar un acuerdo ayer con la Generalitat en el que asume la concesión de la residencia de personas con discapacidad de Vall de la Ballestera «La Casa Nostra». Se trata de un centro que construyó la Fundación Esther Koplowitz en un suelo municipal y que atiende a unas 60 personas adultas con discapacidad intelectual y cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellas. Lleva doce años en marcha.

De esa manera, el Ayuntamiento de Valencia transferirá a la Generalitat de forma progresiva la concesión de plazas de la residencia de personas con discapacidad de Vall de la Ballestera, tras el acuerdo alcanzado ayer entre la concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, con Sandra Casas, secretaria autonómica de Servicios Sociales.

Se trata de una acción enmarcada en un plan de racionalización de los recursos del Ayuntamiento en esta materia ya que, según explicó la concejala de Bienestar Social, «el anterior equipo de gobierno decidía qué servicios sociales subvencionaba o no en base a simpatías personales». «Esto ha llevado a que durante los años de gobierno Popular se hayan dedicado numerosos recursos a servicios que correspondían a la Generalitat y, en cambio, se hayan abandonado a colectivos que sí dependen del Ayuntamiento», aseguró Castillo.

Colectivos no contemplados

En la reunión, la secretaria autonómica se mostró receptiva a que la Generalitat asuma de manera progresiva este servicio por el que el Ayuntamiento de Valencia abona anualmente unos 2,5 millones de euros aproximadamente. Esta gestión llevada a cabo por Castillo permitirá a la Concejalía de Bienestar Social disponer de más presupuesto a partir de los próximos años para destinar a colectivos que hasta ahora no han sido contemplados por parte del Ayuntamiento. Se ha creado una mesa de trabajo que estudiará las plazas que hay asignadas actualmente en la residencia de mayores de Vall de la Ballestera y realizará un informe de cuándo finaliza cada una, por lo que la Generalitat se hará responsable a partir de ese momento de las plazas.