20 de mayo de 2016
20.05.2016

El CIE de Zapadores, bajo lupa

El alcalde Ribó y varios ediles visitan las instalaciones y anuncian inspecciones en materia de salubridad

20.05.2016 | 02:18
Joan Ribó, en el centro, con los concejales Isabel Lozano, Roberto Jaramillo y Maite Girau, en la entrada del CIE de Zapadores.

Controlar las condiciones de salubridad, el trato que reciben los internos o los trámites administrativos que se deben realizar para la solicitud de asilo. En definitiva, saber en cada momento cuántos son y cómo están. Y es que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores va a dejar de ser un espacio donde el ayuntamiento nada tiene que decir. Es más, tras saber exactamente qué competencias tiene el consistorio, éste actuará en consecuencia, incluyendo controles o inspecciones, «cuando sea necesario».

Que el Ayuntamiento de Valencia no es partidario de la existencia de los CIE no es ningún secreto, pero la ciudad tiene uno y el equipo de gobierno visitó ayer las instalaciones para ver exactamente en qué condiciones se encuentran los internos. «No nos gustan los CIE, pero estamos en la UE y sometidos a esta norma así que al respecto poco más podemos decir», aseguró el alcalde Joan Ribó.

El ayuntamiento, sin embargo, sí tiene competencias en materia de salubridad y disciplina urbanística. Por ello, Ribó aseguró que aunque las instalaciones sí cumplen con la normativa sanitaria „aunque se deberían ampliar las instalaciones ya que «hay una evidente privación de libertad para gente que no ha cometido ningún delito»„ también deben estar al día «tanto en las licencias como en la edificación». «Vamos a controlar lo que pasa aquí a nivel sanitario, vamos a ver si están todos los documentos en regla y vamos a seguir pidiendo que se respeten los derechos humanos, y la forma de hacerlo es evidente que no es con centros como este», concluyó el alcalde.

El concejal de Cooperación al Desarrollo y Migraciones, Roberto Jaramillo, por su parte, recalcó tras la visita que «nadie que conozca las instalaciones o haga una visita como la que acabamos de hacer puede apoyar la existencia de estos centros, porque aquí hay personas que no han cometido ningún delito y otras que tampoco van a ser deportadas. Pero a estas personas se les priva de sus derechos, en algunos casos, hasta 60 días».

«La experiencia ha sido muy dura porque la situación es la de una cárcel, se alega que por motivos de seguridad pero aquí hay personas que no conocen el idioma, no pueden defenderse y solo por eso, ya se vulneran sus derechos», explicó.

Para la responsable de Sanidad y Salud, Maite Girau, aunque «no se han encontrado objeciones a las condiciones de salubridad de las personas que hay internadas» sí sería necesario «ampliar, por ejemplo, el espacio reservado para la relaciones familiares» tras lamentar «la política del PP con las personas migrantes». La edila de Políticas Inclusivas e Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, recalcó que, aunque el número de mujeres es reducido (ayer había tres) cuentan con un espacio muy pequeño. Por eso desde el consistorio se preocuparán también de que se garanticen «los derechos a las posibles víctimas de trata de personas, así como conocer el procedimiento para los que necesiten tramitar la solicitud de asilo o desconozcan el idioma».

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