De los 140 propietarios que en su día se vieron afectados por las expropiaciones por vía de urgencia de los terrenos sobre los que hoy se levanta el Parque de Cabecera y el Bioparc, sin duda los que más provecho han sacado del proceso han sido dos familias, los Trénor y los Cotino. El Tribunal Supremo acaba de emitir un auto que multiplica por siete veces, hasta los 14 millones de euros, el valor de los terrenos rústicos expropiados en 1997 a la familia Trénor para la construcción del Parque de Cabecera.
Los terrenos expropiados a estas dos familias valencianas tenían que haber costado inicialmente 961.000 euros „687.517 euros por los 15.000 m2 que se expropiaron a la familia del ex conseller de Agricultura y ex presidente de las Corts con el PP, Juan Cotino, y 273.000 a los Trénor por 5.400 m2„. Sin embargo, acabarán costando a las arcas municipales 17,7 millones de euros.
La Concejalía de Desarrollo Urbano que dirige Vicent Sarrià tiene previsto presentar un recurso de casación ante el Supremo para pedir que revise las valoraciones de la edificabilidad del entorno que se han tenido en cuentan a la hora de emitir el fallo a fin se rebajar al máximo la cuantía que se tendrá que abonar a los Trénor.
En la pasada legislatura el grupo socialista, entonces en la oposición y ahora parte del gobierno tripartito, reclamó la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades por el retraso en el pago de las expropiaciones a los Trénor y a los Cotino que han acabado multiplicando por cinco, hasta los 17 millones de euros, el coste de unas expropiaciones que el Tribunal Provincial de Expropiaciones valoró en 2005 en apenas un millón de euros. El grupo del PP tumbó la propuesta en el pleno.
El objetivo de la comisión era determinar quienes eran los responsables del retraso en el pago de las valoraciones del jurado provincial pese a que entonces la disponibilidad económica del ayuntamiento para pagar expropiaciones era alta. Entre 2005 y 2008 se destinaron 25 millones a pagar expropiaciones, pero el pago a los Trénor y a los Cotino no se libró.
Superados los dos años que marca la ley de Expropiación Forzosa para solicitar la retasación en el caso de no haber cobrado, ambas familias solicitaron una nueva valoración de sus antiguas propiedades al Tribunal Superior de Justicia. Transcurrido el tiempo sus propiedades habían pasado de ser suelo no urbanizable a suelo urbano en una moderna zona de expansión de Campanar con valores inmobiliarios altos. El tribunal elevó el valor de las parcelas de los Cotino a 3,5 millones de euros y las de los Trénor a 2 millones de euros. Sin embargo, estos últimos no se conformaron y acudieron al Tribunal Supremo que mediante auto de 8 de abril de 2016 ha estimado el valor del metro cuadrado expropiado a 1.999 euros lo que supone 14 millones de euros de justiprecio (intereses de demora incluidos) a favor de los Trénor.
El coste de las expropiaciones para la obtención de espacios dotacionales del Ayuntamiento de Valencia es un suma y sigue. El consistorio lleva gastados más de 500 millones de euros en expropiaciones desde 1991. El PSPV denunció en la anterior legislatura al gobierno de Rita Barberá sus repetidos errores urbanísticos en la gestión de las expropiaciones. El nuevo gobierno del tripartito intenta buscar una solución en la revisión pormenorizada del PGOU para evitar la sangría que supondrá la obtención de los 430 solares, la mayoría de propiedad privada, para la ejecución de las dotaciones pendientes. Los socialistas calcularon en su día que expropiarlos costaría más 1.300 millones de euros, casi el doble del presupuesto municipal de un año.
La mayoría de los 140 propietarios afectados por las expropiaciones del Parque de Cabecera acudieron al Jurado Provincial de Expropiaciones ante las bajas valoraciones que el ayuntamiento hizo en 1998 de sus propiedades. Durante los años siguientes el Jurado fue dictando resoluciones que corrigieron al alza el valor del suelo. La mayoría de propietarios cobró en tiempo. No así los Trénor y los Cotino, que transcurrido el plazo de dos años que la ley asigna a la administración para pagar solicitaron la retasación.
