La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, ya tiene sobre la mesa el informe de los servicios jurídicos municipales que servirá de base para solicitar a los jueces una acción global en el barrio del Cabanyal. La concejala quiere atajar así el problema creciente de la ocupación ilegal de viviendas en el barrio del Cabanyal, en especial, de aquellas que lo están por personas sin necesidad social y vinculadas al movimiento «okupa». La Concejalía de Protección Ciudadana argumenta ante el juez que se ha constatado en el barrio un problema de «delincuencia organizada» por parte de integrantes del movimiento «okupa» que han sido sorprendidos con mapas y manuales para asaltar y ocupar casas de propiedad municipal, tal como informó este diario.
Sandra Gómez asegura que en el problema de la «okupación» no se puede actuar caso por caso. «Tenemos que acabar con esta situación», asegura la concejala, quien explica que la decisión de una acción policial global frente a la ocupación en el barrio la tendrá que tomar ahora el juez.
Tensión social
Las denuncias de la policía local por ocupación de viviendas en el Cabanyal acaban en saco roto porque además de que son asignadas a juzgados distintos, los ocupantes nunca se personan en los juicios, con lo cual el juez suele acabar archivando la denuncia. La edila quiere que los jueces aborden la problemática del Cabanyal de una forma conjunta y recuerda que la ocupación está generando mucha tensión social.
La concejala de Protección Ciudadana y el gerente de la Sociedad Plan Cabanyal, Vicente Gallart, han sido objeto de pintadas en el barrio en las que el movimiento okupa les acusa de apoyar al capital y contribuir a la gentrificación del barrio. Ese es el argumento que esgrimen ahora los «okupas» para mantener la ocupación de viviendas -en el Cabanyal hay más de un centenar-. Antes de la derogación del plan de la prolongación de Blasco Ibáñez el argumento para ocupar era evitar los derribos. Eliminado ya este riesgo, la excusa para ocupar ahora es que el ayuntamiento promueve la gentrificación del barrio, es decir, el desplazamiento de la población de toda la vida por parte de nuevos residentes y nuevas actividades económicas. Algo que el gobierno del tripartito (Compromís, PSPV y Valencia en Comú) niega. En la concesión de ayudas y en las subastas de viviendas que se están haciendo se da prioridad de hecho a los vecinos del barrio y las primeras residencias.
En las cargas policiales de 2010 contra los vecinos que se oponían a los derribos de casas en el barrio, los okupas estaban en primera fila de la resistencia. Ahora el movimiento, plenamente instalado en el barrio, denuncia los intentos de criminalización y se muestran escépticos ante la mediación que le ofrece el consistorio.
Mientras Salvem el Cabanyal, el colectivo ciudadano que ha luchado durante 16 años contra la prolongación, pide la intervención de los servicios sociales en el barrio, otros vecinos han empezado a organizarse a través de las redes sociales para defender la rehabilitación del barrio y unirse ante la «presencia de grupos antisistema organizados que están dificultando las políticas de rehabilitación tan necesarias».
