18 de junio de 2016
18.06.2016

Valencia negocia con el Consell un cambio de la ley para reducir expropiaciones millonarias

El ayuntamiento gastará este año 45 millones de euros en esta partida y el objetivo es bajar hasta los 20 millones

18.06.2016 | 04:15
El gasto municipal en expropiaciones de parcelas como la de la foto se eleva cada año.

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado contactos con la Generalitat Valenciana para reformar la Ley del Suelo y tratar de evitar parte de las expropiaciones a las que se ve abocado cada año. Sólo en el ejercicio 2016 tendrá que desembolsar del orden de 45 millones de euros y el objetivo, con esos cambios, es rebajar la cuantía a menos de la mitad, es decir, alrededor de 20 millones.

La legislación actual permite a cualquier propietario de suelo grafiado como dotación pública reclamar al Ayuntamiento de Valencia la expropiación del mismo si no lo hace en un periodo de tiempo determinado. Eso ha hecho que muchos propietarios que no ven salida a sus parcelas debido de las crisis económica se hayan lanzado a pedir expropiaciones y lleguen incluso a los tribunales para conseguir un mejor justiprecio de las mismas. Recientemente, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de la familia Trénor por las expropiaciones del Parque de Cabecera y lo que en principio eran tres millones de euros se han convertido en 14.

Sólo este año el Ayuntamiento de Valencia espera desembolsar alrededor de 45 millones para el pago de expropiaciones, la mitad de las inversiones previstas a lo largo del ejercicio. Y ayer mismo la Junta de Gobierno Local decidió destinar los 23 millones de euros de superávit del año pasado al pago precisamente de esta partida. Son 20 millones del ayuntamiento, y cerca de 3 millones de sus organismos autónomos.

«Un atajo» legal
Pero la salida no está en buscar partidas de otros sitios, sino en hacer una nueva regulación del suelo. En concreto, la solución está en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y hacer una nueva catalogación de los terrenos, pero esa revisión, que se quedó aparcada al final de la última legislatura y que ha sido retomada en esta „se está contratando personal técnico para ello„ aún tardará tiempo y las arcas municipales no aguantan tanto gasto continuado.

«Son un auténtico negocio»
Así pues, el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, anunció ayer tras la junta de gobierno que se han iniciado contactos con la Generalitat Valenciana para modificar la Ley del Suelo e introducir alguna clausula que impida al menos parte de estas expropiaciones. Vilar calcula que esta medida, ahora en manos de los juristas, pueda bajar la carga de las expropiaciones a menos de la mitad, es decir, reducir los 40 o 50 millones de euros que habrá que gastar cada año a alrededor de 20 millones.

Ramón Vilar recordó que las expropiaciones han pasado de ser un derecho a ser un «auténtico negocio». Según dijo, hay empresas que se dedican a comprar terrenos susceptibles de ser expropiados para inmediatamente después pedir al ayuntamiento que lo haga y recurrir incluso a los tribunales para elevar el justiprecio, cosa que consiguen.

«Eso se arregla con la revisión del PGOU, pero como eso llevará su tiempo, vamos a tratar de coger un atajo», dijo Vilar refiriéndose a los contactos con la Generalitat Valenciana, que son incipientes, pero que espera den resultados lo antes posible.

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