Escribo estas líneas aún bajo el impacto de la muerte de la diputada laborista Jo Cox, asesinada cuando salía de una biblioteca pública de la localidad de Birstall, al norte de Inglaterra, después de su reunión semanal con l@s electores de su circunscripción. La parlamentaria británica había destacado por la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, y se había implicado activamente, en la defensa de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, frente a una amalgama de ultraconservadores, xenófobos y grupos de extrema derecha, que ven en la salida de Gran Bretaña de la UE una posibilidad para recortar aún más los escasos derechos laborales de l@s trabajador@s británic@s, endurecer las condiciones de asilo y entrada en el país, más medidas racistas contra l@s inmigrantes y un largo etcétera en las que las normas comunitarias son vistas como un obstáculo.
Jo Cox ha sido asesinada por un individuo, que según algun@s testig@s gritó la consigna «Britain first» (Gran Bretaña primero), nombre de una organización de ultraderecha contraria a la inmigración y favorable a la salida del Reino Unido de la UE. El crimen se ha producido sin dar tiempo a reponernos de la matanza perpetrada en un club gay de la ciudad estadounidense de Orlando, donde, de nuevo, otro individuo solitario asesinaba a 49 personas (dejando heridas a otras 53), apropiándose el Estado Islámico del peor atentado homófobo cometido en un país occidental.
En todos los crímenes sociopolíticos que se producen en nuestras sociedades, bien esté clara la autoría de los mismos por un grupo terrorista concreto, bien se le atribuya la responsabilidad a individuos solitarios, con problemas de adaptación y desequilibrios psicológicos, el móvil es siempre el mismo: atentados que pretenden hacer desaparecer a quien piensa diferente o representa algo distinto. Sirvan por igual los asesinatos de los hermanos Kennedy, Malcom X y Luther King o de Olof Palme y la ministra Anna Lindh en Suecia, que las matanzas de Atocha, Oslo y Orlando. El odio es el protagonista.
Precisamente para evitar esto y ante la proliferación de este tipo de violencia, ha avanzado en nuestro país la legislación que normativiza este tipo de violencia, denominándola como delitos de odio, que tienen lugar cuando una persona ataca a otra en función de su pertenencia a un grupo social, según su raza, orientación sexual, nacionalidad, etnia o ideología política. La tipificación de dichos delitos ha permitido a la fiscalía iniciar investigaciones penales para delimitar la comisión de los mismos (la más reciente, la de la fiscalía de València contra el cardenal Cañizares, impulsada por CC OO y Lambda, por sus palabras referidas a las mujeres y al colectivo LGTBI).
Por todo ello, cobra especial importancia la petición que asociaciones como ACPV y el Movimiento contra la Intolerancia, entre otras, han presentado al alcalde Joan Ribó para que se dedique una calle de València a Guillem Agulló, asesinado en 1993 por un grupo de neonazis. Para que su obligatorio recuerdo sirva como símbolo de la memoria de todas las víctimas de crímenes de odio. Se lo debemos.
