La sección cuarta de la Audiencia de Valencia sentará en el banquillo de los acusados el próximo 30 de junio a los dos peritos judiciales que participaron en la falsa tasación del edificio Apple de la calle Colón de Valencia, en el litigio para el reparto de una herencia. Los acusados son Jose Francisco Morell Navarro y Ramón José Cercós Espejo, abogado y agente de la propiedad inmobiliaria el primero y arquitecto el segundo, que han sido acusados de un presunto delito de falso testimonio por la tasación judicial que hicieron del edificio Apple o edificio Ylario.
La valoración del edificio se realizó durante el reparto de una herencia familiar con propiedades en las zonas más exclusivas de Valencia y Madrid, que tuvo que resolverse por vía judicial ante el Juzgado de Primera Instancia número 12.
Los dos peritos valoraron el edificio Apple en sendos informes entre los 36 y 32,1 millones, de forma pactada, para que el juez eligiera un precio intermedio o el más bajo, como así sucedió. Al valorar el emblemático edificio en 32 millones, uno de los herederos que participaba en la herencia tuvo que compensar con 15 millones de euros a sus otros dos hermanos. El hermano «engañado» sospechó e inició una investigación que permitió descubrir, gracias al detective privado Juan de Dios Vargas, la falsedad de la tasación, ya que el edificio sólo valía 18 millones y no 32. El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia abrió una investigación que confirmó el amaño en las tasaciones y que ambos peritos actuaron de común acuerdo para inflar los precios de los edificios con desviaciones del 300% al 600%.
A la causa se han incorporado informes periciales de consultoras como Kroll, Orion, Stratfor, Arquibérica, la Universidad Politécnica de Valencia o la Dirección General de Catastro. También ha intervenido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ha elaborado varios informes que acreditan que los dos peritos (en representación de Arquitasa) presuntamente falsearon las tasaciones para favorecer a una de las partes, además de haber incurrido en delitos de falso testimonio y prevaricación.
Investigación policial
La investigación de la UDEF permitió confirmar que el perito de designación judicial Morell Navarro, conocía a una de las partes implicada en la disputa de la herencia porque «existía una relación antigua, de amistad y profesional», con el marido de una de las litigantes, según declaró un testigo a los agentes de la UDEF. La relación antigua se remonta a la «universidad de Deusto donde ambos coincidieron» además de actuar como perito inmobiliario en pleitos anteriores, según consta en la declaración policial.
Aunque Morell Navarro aseguró en su declaración judicial que desconocía el contenido de los informes de las demás partes, antes de la celebración de la vista, la investigación policial y análisis de los discos duros permitió a la UDEF confirmar que le fueron remitidos días antes. La policía incluso encontró tasaciones superiores a las presentadas por el perito judicial que guardada en una carpeta con el nombre «secreto», que nunca presentó.
La acusación particular, representada por Ana María Mejías y Mario Gil, solicita para los dos tasadores un año y seis meses de prisión, quince meses de multa con cuota diaria de 150 euros e inhabilitación durante once años.
