El actual servicio de la ORA de Valencia tiene las horas contadas. La Junta de Gobierno Local aprobará en su sesión de hoy la renuncia al contrato para la concesión del estacionamiento regulado, y dará inicio a un estudio «en profundidad» de las necesidades de cada enclave de la ciudad. El objetivo, según explicaban ayer fuentes municipales, es determinar la creación de un número concreto de nuevas plazas ajustada a la realidad. Se rompe así lo que entienden «como una hipoteca» del Partido Popular, que prorrogó „ ya perdidas las elecciones„ la vinculación con la mercantil Dornier S.A. con la idea de alcanzar unas 15.000 plazas para el año 2022 .
Los actuales mandatarios municipales entienden que las condiciones de ese contrato comprometen «seriamente» al nuevo gobierno que salió de las urnas el 24 de mayo de 2015. Defienden que no se hizo en aquellos momentos «ningún estudio» que respaldara la reserva del triple de aparcamientos „ hay 5.000 en la actualidad„, con el consiguiente perjuicio además para las arcas municipales, obligadas a indemnizar a la concesionaria cuando no se cumplen las expectativas iniciales. Tampoco se atendieron, esgrimen, las demandas de muchos barrios, que reclaman aparcamientos de uso residencial.
El gobierno del tripartito contempla sacar una primera licitación ahora con las 5.000 plazas reales, y un término más corto, mientras se elabora un estudio en detalle de las necesidades de la ciudad. La asesoría jurídica municipal valoró las consecuencias de la posible rescisión del contrato y tras conceder trámite de audiencia a Dornier SA, se rechazaron sus alegaciones. La Jefatura de Sección de Señalización y del Servicio de Mobilitat emitió un informe en el que detallaba que el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Explotación «no contiene justificación expresa de las necesidades específicas de los barrios para los que se establece la implantación de estacionamiento regulado, ni hace referencia a ningún estudio justificativo al respecto». Sí hace constar, en cambio, el informe emitido por el actual servicio con fecha 16 de febrero de 2016, «considerando que existe una indefinición municipal en las necesidades reales que debe satisfacer el contrato, al no incluir estudios detallados y pormenorizados que avalen el modelo que se pretende establecer».
Crédito de diez millones
El tripartito se ampara en la protección del bien general para resolver un contrato ya iniciado y esgrime «razones de interés público-económico» como principios básicos «para conseguir los objetivos al menor coste posible», derivándose «para el interés general beneficios superiores a los inconvenientes que comporta». Además, procede a declarar disponible el crédito autorizado y dispuesto con cargo al presupuesto hasta 2022 por un importe de 10.011.932,25 euros.
