El Ayuntamiento de Valencia pedirá al Gobierno Central la anulación del Plan de Ajuste que le obliga a pagar la deuda y le impide pedir créditos, contratar personal o crear empresas públicas. El argumento es que a día de hoy se cumplen todos los requisitos exigidos por ese plan, entre ellos los niveles de deuda, el superávit de las cuentas y la reducción del plazo de pago a los proveedores.
El pago a las empresas está precisamente en el origen de este problema. En el año 2012, cuando el PP llegó al gobierno central, el ejecutivo de Mariano Rajoy le prestó al Ayuntamiento de Valencia 183 millones de euros para pagar las deudas con los proveedores y le impuso un plan de ajuste hasta 2022 para rebajar la deuda global, que con este préstamo se elevó a los 1.046 millones de euros, el 148% de los ingresos corrientes. Se trata de amortizar en una década 850 millones de euros y bajar a la deuda a los 198 millones, el 24% de los ingresos corrientes.
Además, este plan impide al ayuntamiento pedir créditos, contratar personal o crear nuevas empresas públicas, lo que en su conjunto es una limitación insoportable para la labor municipal. De hecho, las inversiones cayeron notablemente desde 2012.
La llegada del nuevo gobierno, sin embargo, ha mejorado los datos económicos y algunos de los motivos por los que se impuso aquel plan de ajusten ya están superados o claramente encauzados.
Según una moción que llevará el alcalde de Valencia, Joan Ribó, al próximo pleno, «a día de hoy el porcentaje de deuda está por debajo del límite legal del 110 %, el resultado en términos de estabilidad es de superávit, es decir, que se cumple la regla del gasto, y el período medio de pago a proveedores del mes de mayo pasado fue de 9,71 días».
Es decir, «el Ayuntamiento de Valencia cumple plenamente las condiciones exigidas por el Plan de Ajuste» y además el equipo de Gobierno «se compromete a reducir la deuda los próximos años». En consecuencia, la moción propone a todos los grupos pedir al gobierno que anule el Plan de Ajuste.
