El Tribunal Superior de Justicia obliga en una sentencia hecha pública esta semana a la empresa pública de saneamiento de la Generalitat, Epsar, a abonar al ayuntamiento 890.000 euros por la reparación de urgencia en 2009 del emisario submarino de Vera que estuvo vertiendo aguas residuales durante meses a las playas de la Malva-rosa y la Patacona. El TSJ, además, condena en costas a la Epsar.
El emisario submarino, una tubería que lanza las aguas residuales que se vierten a las acequias mar adentro, se rompió en tres zonas en noviembre de 2009. El Ayuntamento de Valencia, entonces gobernado como la Generalitat por el PP, acometió a través de la Concejalía del Ciclo del Agua, una complicada reparación de urgencia. El consistorio cargó la financiación a la Epsar, en concreto, la descontó del pago anual que realiza a esta entidad. La Epsar, sin embargo, se negó a asumir la obra alegando que era una competencia municipal y presentó un recurso contencioso.
Las obras de reparación empezaron en diciembre de 2009 y concluyeron en marzo, un tiempo durante el cual se estuvieron produciendo vertidos directos a la playa de la Malva-rosa, que tuvo que cerrarse a los bañistas y a la pesca. Durante meses, fue visible desde el paseo marítimo una gran mancha de color marrón en la zona donde estaba el emisario. La playa de la Malva-rosa, en su día campo de regatas de la Copa del América, no pudo optar ese año a la bandera azul por el vertido.
La Epsar, que ha sido denunciada por el nuevo gobierno autonómico por desviar fondos del canon de saneamiento para pagar gastos de la Copa del América y la Expo de Zaragoza, alegó en su día que el convenio para el mantenimiento y reparación de los emisarios submarinos no tenía validez. El TSJ no lo entiende así y recuerda que en base al citado convenio se han realizado otras actuaciones.
La sentencia coincide en el tiempo con el informe hehco público la semana pasada por la consellera Elena Cebrián del desvio de 189 millones de euros a actividades impropias de la Epsar, lo que incrementó la carga financiera de la empresa y comprometido su encomienda para la depuración. «Ggastos impropios obtenidos a través de recibo del agua para pagan los ciudadanos y que incluye un apartado específico para saneamiento», según Cebrián.
