Aclarar quién y cómo se pagará la deuda de 40 millones de euros generada por la construcción del circuito urbano de F1 es el principal objetivo de la comisión de seguimiento del convenio de la F1 prevista constituida formalmente ayer. Esta comisión, creada con nueve años de retraso, tiene por objeto concretar las cargas de urbanización derivadas de la F1 «legalmente repercutibles» a los propietarios del suelo del barrio singular del Grao, un sector urbanístico estratégico bloqueado desde hace años.
El ayuntamiento se niega a asumir el pago de los 40 millones de euros que costó el circuito (en la parte que afecta al Grao) y que la Generalitat, en concreto el ente gestor de infraestructuras (EIGE), le reclama y computa como deuda del consistorio. Sarrià recalcó ayer, tras la creación de la comisión de seguimiento, que el convenio suscrito en 2007 por Rita Barberá y Francisco Camps «recoge el compromiso del consistorio de habilitar los recursos para que la Generalitat recupere la inversión a través del canon de urbanización, pero no de asumir el pago». El ayuntamiento busca fórmulas para que la Generalitat recupere la inversión de una infraestructura de hipotético coste cero pero sobre todo tratará de ajustar los costes de urbanización para hacer viable económicamente el PAI del Grao que saldrá a gestión indirecta.
Una «triquiñuela»
Sarrià definió ayer el convenio como un «empastre», una «triquiñuela para justificar lo injustificable». «En ningún momento se alude a la Fórmula 1, se habla de la construcción de dos avenidas y de la conexión de la Alameda y la avenida de Francia con la marina real Juan Carlos I que no se han ejecutado». «Lo que hay es un circuito que habrá que ver hasta qué punto puede aprovecharse para prolongar las avenidas y qué costes de urbanización se pueden repercutir legalmente a los propietarios». Los terrenos del Grao fueron adquiridos en pleno «boom» inmobiliario por un conglomerado empresarial (Acinelav) liderado por Bankia. En la actualidad los terrenos están en manos de la Sareb.
El PAI del Grao, que en la anterior legislatura se intentó desbloquear a través de un socio inversor, se encuentra actualmente en «un limbo urbanístico». Tras descartarse la entrada de un prestamista en la operación, el nuevo gobierno formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú busca cómo hacer atractivo este sector urbanizable, la última bolsa de suelo urbanizable de la fachada marítima.
Antes, «a salto de mata»
La comisión de seguimiento se reunirá trimestralmente y de la misma forman parte Vicent Sarrià, el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, la directora del EIGE, Blanca Marín, y el secretario autonómico de Vivienda y Vertebración, Josep Vicent Boira. El concejal de Desarrollo Urbanístico censuró a los anteriores gestores del Ayuntamiento y de la Generalitat que actuaron «a salto de mata, a golpe de ocurrencia e improvisación y a día de hoy nos hemos encontrado con un convenio que solo se ha cumplido en parte». Sarrià explicó que con la constitución de la comisión, ambas administraciones han empezado a trabajar para «clarificar» los términos en los que se deben cumplir las condiciones económicas del convenio de F1teniendo en consideración la intención de hacer viable el sector del Grao».
