El material intervenido a los concejales del grupo municipal popular de Valencia durante los registros del pasado mes de enero han permitido a los investigadores acreditar que el Partido Popular de Valencia podría haber cometido un presunto delito electoral (la definición jurídica de financiación ilegal). Una obtención ilícita de dinero que sería el motivo por el que la dirección del grupo se arriesgó a blanquear los 1.000 euros por concejal y asesor, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.

Aunque oficialmente a los ediles y asesores investigados sólo se les imputa el supuesto pitufeo (blanqueo de dinero en cantidades pequeñas), el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ya tiene sobre la mesa un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los investigadores habrían confirmado la procedencia ilegal del dinero que manejaba el PP de Valencia. En los móviles intervenidos a los concejales del Ayuntamiento de Valencia la Guardia Civil también ha encontrado mensajes de concejales populares en los que hablaban sobre los billetes de 500 euros que habrían recibido de la «cajera» del PP, Carmen García-Fuster y lo que iban a hacer con ellos, como enmarcarlos y poner un cartel «Romper en caso de emergencia», tal como adelantó ayer «Las Provincias». En otros mensajes jocosos sobre el trasiego de billetes de 500 euros, escritos en marzo de 2015 (cuando se produjo el supuesto blanqueo) se asegura: «Vamos a pedir Bárcenas que nos traiga más». Los autores de estos mensajes escritos en un chat conjunto serían, al menos, los asesores del PP Luis Salom y Pedro Aracil. Fuentes del PP aseguraron a Levante-EMV que se trata de mensajes «en plan jocoso» sobre los sobres de Bárcenas pero que no se aludía a los pagos de 1.000 euros como aportación a la campaña electoral de 2015 ni tampoco «se hablaba de devoluciones».