La investigación por el doble delito electoral que habría cometido el PP, surgida en el transcurso de la instrucción por el presunto pitufeo o blanqueo de capitales en el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia, salpicará a todos los miembros del Comité ejecutivo y de la Junta directiva del Partido Popular de Valencia Ciudad, según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aportado a la causa judicial.

Los agentes plantean en su informe que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Juzgado de Instrucción 18 deberán «valorar si procede incluir a los cargos orgánicos en el Partido Popular de Valencia Ciudad» que puedan considerarse «inductores, cooperadores necesarios o cómplices en los hechos investigados» de los dos presuntos delitos electorales que achacan al PP del Cap i Casal. Los candidatos a ser llamados a declarar en esta causa serían el Comité ejecutivo y la Junta Directiva del PP de Valencia Ciudad, durante las elecciones de 2011 y 2015, los años en los que la investigación acota que se cometió la presunta financiación ilegal de la formación política.

Ambos órganos de dirección del partido estaban formados, en ambas convocatorias electorales, por concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia. Silvestre Senent presidía el partido en 2011 y Alfonso Novo en 2015. Jorge Bellver era el secretario general en 2011 y le sucedió en 2013 Beatriz Simón, que ostentaba esta responsabilidad en los últimos comicios de 2015. Aunque la Junta Directiva también estaba formada, según los estatutos del PP de Valencia Ciudad aprobados en el Congreso Local de 2013 -que eligió como presidente a Alfonso Novo-, por un centenar de altos cargos y militantes afiliados al PP de Valencia. Eran miembros natos de las Juntas Directivas de 2011 y 2015 el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o el conseller Luis Santamaría. También las diputadas en el Congreso Marta Torrado y Belén Hoyo, el senador Pedro Agramunt y el eurodiputado Esteban González Pons. O los diputados autonómicos Jorge Bellver, Juan Carlos Caballero y Miquel Domínguez. Junto a los altos cargos, completaban la Junta Directiva del PP de Valencia miembros-los secretarios generales de distrito y el de Nuevas Generaciones del PP de Valencia (y diez miembros) y todos los concejales electos del Ayuntamiento de Valencia.

En teoría, la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo del PP de Valencia Ciudad deben aprobar y dar cuenta del presupuesto ordinario del partido y de las campañas electorales. El problema es que el PP de Valencia Ciudad no existía a efectos presupuestarios. Estaba fagocitado por el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, que asumía todos los gastos y pagó las sucesivas campañas electorales desde una cuenta opaca a la obligatoria fiscalización del Tribunal de Cuentas. «El PP incumplió la ley electoral, el reglamento del partido a nivel nacional y hasta sus propios estatutos locales», asegura el informe de la UCO, ya que debería haber tenido cuentas bancarias oficiales a nombre del partido para las campañas electorales y las donaciones realizadas por particulares. Pero el mismo presidente del partido, Alfonso Novo, admitió ante el juez que el PP sólo tenía una cuenta, abierta por un asesor a su nombre, para gestionar la lotería.

La Guardia Civil sospecha, además, que el PP usó la cuenta opaca para ocultar las donaciones anónimas ilegales admitidas por la cajera del PP, Carmen García-Fuster, que podrían proceder de mordidas por adjudicaciones de obras en el Ayuntamiento de Valencia desde 2006.