Los concejales del Ayuntamiento de Valencia escenificaron ayer, al menos una parte de ellos, su adhesión al Código del Buen Gobierno aprobado por la Generalitat el pasado 6 de mayo. Los 33 concejales de la corporación suscribieron el documento aunque los diez ediles del PP, nueve de ellos imputados por la financiación irregular del partido, prefirieron hacerlo a distancia, mediante firma digital, y evitando así la foto de familia y las alusiones a la corrupción. También se ausentaron, por motivos de agenda, otros concejales del gobierno de la Nau (formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú) y de Ciudadanos. Al finalizar el acto de firma del código, realizado en el Salón de Cristal y en el que se llamó uno a uno a los concejales presentes para la firma del código, Ciudadanos repartió un comunicado en el que reprochaba al gobierno tripartito «que pregone el buen gobierno y luego haga pagos sin control fiscal de facturas que alcanzan cifras millonarias».

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, destacó en este sentido que «no hay fórmulas mágicas contra la corrupción» y destacó la adhesión al código como un comienzo. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, por su parte se comprometió a hacer de la transparencia y la ética «nuestra guía». El delegado de Transparencia, Roberto Jaramillo, aludió en su intervención al «lamentable espectáculo de los casos de corrupción» y al consecuente «descrédito de las instituciones».

El Código del Buen Gobierno de la Generalitat regula el uso de tarjetas de crédito, los regalos, los desplazamientos y dietas, las declaraciones de bienes e incluso la aconfesionalidad que desaconseja la asistencia de las instituciones a actos religiosos «excepto en los que existan razones históricamente consolidadas».