La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy resolver el contrato con la actual adjudicataria del servicio de recogida y retirada de vehículos en la vía pública, dada la falta de calidad en el servicio de grúa y los incumplimientos.
La concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, ha definido la situación con esta contrata como "uno de los grandes agujeros negros" que les ha dejado el anterior gobierno municipal del PP y que "llega no sólo hasta la anterior contrata, Cleop, investigada en el marco del caso Taula, sino también en la gestión actual".
En 2014, la UTE formada por Pavapark Movilidad SL y Autobuses Playa de San Juan se adjudicó el servicio de grúa con unas mejoras considerables en las condiciones mínimas del pliego y planteó unas condiciones económicas basadas en un plan que preveía unos ingresos que no se han dado.
"No se han cumplido sus expectativas", ha explicado Gómez, "y, por eso, plantearon al Ayuntamiento una reordenación de medios materiales y humanos", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Pero, según el informe de los técnicos municipales, dicha reordenación no era tal, sino que suponía un cambio sustancial del pliego de condiciones (reducción de personal -ERE- y de bases), lo que contravendría las condiciones de libre concurrencia e igualdad del concurso realizado en su momento, que ganó Pavapark.
"No es culpa del Ayuntamiento que la empresa presentara lo que presentó. No se puede pretender que, cuando en la prestación de un servicio hay beneficios, vayan a parar a las adjudicatarias y, cuando hay pérdidas, éstas se socialicen y las asuma la corporación, la ciudadanía", ha manifestado.
Por ello, y ante el deterioro de la calidad del servicio que presta la actual adjudicataria, el Ayuntamiento ha decidido resolver el contrato sin contemplar ninguna indemnización para la unión de empresas.
Según los cálculos técnicos, el nuevo modelo de servicio podrá entrar en funcionamiento en unos nueve meses aunque Gómez no ha desvelado si será municipalizado o por adjudicación.
"En cualquier caso, siempre se basará en el concepto de servicio a la ciudadanía, de servicio público para mejorar la movilidad urbana según las necesidades reales de los vecinos y las vecinas, y no como el modelo anterior, de negocio a costa de los bolsillos de la ciudadanía", ha concluido.
