El gobierno de la Nau acordó ayer iniciar los trámites para rescindir el contrato de la grúa, gestionada desde 2014 por la empresa Pavapark (Pavasal), ante la imposibilidad «de prestar un servicio de calidad». El ayuntamiento asegura que la grúa municipal no está funcionando en condiciones, que los tiempos de espera son demasiado largos y que no hay suficientes grúas en la calle, a lo que se añade el mal ambiente generado en la plantilla por los despidos realizados en los últimos meses.

El gobierno tripartito (Compromís, PSPV y Valencia en Comú), que ha hecho bandera de la remunicipalización de los servicios, quiere lanzar a las contratas el mensaje de que «hay que cumplir». «Es un servicio público sujeto al principio de riesgo y ventura, que las empresas deben asumir», recalcó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, al término de la junta de gobierno. Gómez criticó la actitud de las contratas que «cuando las cosas van bien se quedan los beneficios pero socializan las pérdidas cuando las cosas van mal».

La rescisión del contrato podría costarle al ayuntamiento 15 millones de euros, que es la indemnización que pide la contrata. Una cantidad que el equipo de gobierno considera desproporcionada. «Debería ser la empresa las que compense al ayuntamiento por dejarnos tirados», aseveró Sandra Gómez, quien informó de que la misma contrata de la grúa había solicitado la rescisión del contrato alegando que el ayuntamiento no le ha permitido llevar a cabo su plan de reordenación.

Una propuesta de rescisión que ha sido rechazada porque supondría dar la razón a la contrata. La concejala de Seguridad explicó además que el reajuste que planteaba Pavapark se traducía en un ERE y un recorte de plantilla, así como en la eliminación de uno de los tres depósitos de la grúa. Una merma en el servicio, que según el gobierno local, podría vulnerar los principios de igualdad y libre concurrencia del contrato y un perjuicio para las otras empresas.

La contrata, según explicó ayer la concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, presentó un ambicioso plan económico-financiero, con unas previsiones de ingresos y enganches muy optimistas, que le permitieron desbancar al resto de aspirantes, entre ellas Cleop, la empresa que ha controlado el servicio durante una década. Las previsiones, sin embargo, no se han cumplido, explicó Sandra Gómez quien apuntó en sus previsiones de ingresos la empresa no tuvo en cuenta que la tendencia a la baja de los enganches que se había producido entre 2008 y 2012. Una tendencia que sigue.

Los desencuentros del ayuntamiento con la contrata de la grúa vienen de lejos. De hecho el ayuntamiento tiene varios contencioso abiertos con la anterior contrata, Cleop, por incumplir sus obligaciones económicas. Gómez explicó que el servicio de la grúa «es uno de los agujeros negros» que nos dejó el anterior gobierno del PP. Recordó que la anterior contrata, implicada en el caso Taula, no ha hecho un traspaso en condiciones. El menoscabo económico ocasionado por la anterior contrata al ayuntamiento ascendería a dos millones de euros.