La ciudad de Valencia pronto pasará a denominarse oficialmente València. Tan solo quedan dos pequeños trámites después de que el pleno del ayuntamiento rechazara ayer las alegaciones presentadas por tres entidades y dos particulares, y aprobara que siga adelante el proceso puesto en marcha el pasado mes de marzo. Ahora la petición se trasladará a la Conselleria d'Administració Pública, que a su vez pedirá un dictamen y resolución definitiva a la máxima autoridad lingüística de la Comunitat Valenciana, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Si es positivo, será el Consell el que dé el visto bueno y lo publicará en el DOCV. La resolución podría producirse en otoño.
Sin embargo, si en el pasado mes de marzo todos los grupos políticos del ayuntamiento aprobaron por unanimidad que se iniciara el proceso para valencianizar el topónimo del cap i casal, ayer el Partido Popular y Ciudadanos mostraron su rechazo. Los primeros alegaron que no existen «informes técnicos» que avalen la decisión, mientras los segundos reclamaron que se tengan en cuenta las alegaciones presentadas por Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), al considerar las dos instituciones imprescindibles en el dictamen.
Por contra, la concejala de Desarrollo Humano, Consol Castillo, aseguró que todos los partidos (PP, PSOE, UV y EU) apoyaron ya en 1996 que Valencia pasara a denominarse València, cuando aprobaron el Reglament d'Ús del Valencià, donde se recogía esta única forma toponímica. Aunque recordó que el PP tuvo en un cajón y congelado este documento hasta 2005, cuando lo publicó oficialmente el DOCV.
De igual manera, la regidora de Compromís aseguró que la AVL realizó un dictamen en el mismo sentido, avalando la grafía València. Por último, en la tramitación del expediente, el Servei de Normalització Lingüística del consistorio también realizó un informe y ha sido ahora el que ha rechazado las alegaciones de Lo Rat Penat y RACV, además de la Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana (AELV) y de dos particulares.
Contestación a alegaciones
Lo Rat Penat, la RACV, la AELV y un particular defendía la grafía «Valéncia» que se ajusta más a la tradición oral, pero el informe las desestima citando a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que en un dictamen anterior concluyó que en el caso específico de la toponimia mayor «la solución documentada históricamente será la que tendrá más peso a la hora de establecer una forma normativa», y ésta corresponde a «València», al tiempo que certifica que el uso de «Valéncia» es «muy minoritaria y prácticamente inexistente en usos oficiales». La otra alegación desestimada reclamaba que el nombre oficial del cap i casal tenía que ser «Ciutat de València».
La argumentación política
El debate político esquivó en todo momento las consideraciones lingüísticas y se centró en aspectos meramente «Queremos que se cumpla la Constitución y el Estatut, que está por encima de lo que diga este ayuntamiento. Estamos por la cooficialidad de las dos lenguas. Pedimos a este pleno que incorpore las alegaciones de Lo Rat y la RACV y en septiembre debatamos. Por eso haremos una moción. Queremos que se diga Alicante y Alacant, Castellón y Castelló, y Valencia y València», recalcó Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos, aunque no pronunció de forma diferente la forma en valenciano, lo que provocó risas en el pleno.
Por su parte, el concejal del PP, Cristóbal Grau, explicó que en marzo votaron a favor a tramitar el expediente, «pero yo manifesté mi voto en contra por no aceptar alegaciones de RACV y Lo Rat Penat». «Mi pregunta al secretario es ¿por qué no hay informe técnico por el cuál se desestiman las alegaciones? El único documento que figura esté firmado solo por usted señor Ribó y es un borrador. Me parece muy fuerte. Que quede sobre la mesa la aprobación de este punto y que se elaboren los informes técnicos. Cuando esté el expediente bien construido, entonces que se traiga aquí a aprobación», argumentó el edil popular, que en el turno de réplica anunció que su grupo se planteaba un recurso si se presentaba el informe técnico preceptivo (alegan que en el sistema de administración electrónica PIAE no figura).
Consol Castillo, por parte del equipo de Gobierno, recordó que hay que cumplir el acuerdo de 1996 porque «no tiene sentido desdecirse ahora de aquello que aprobó todo el espectro político». «No hacen falta más informes, porque las autoridades lingüísticas ya se han pronunciado sobre el tema. Llevamos 30 años con esta historia y a ustedes (al PP) les da igual cómo se diga. El movimiento se demuestra andando y no han hecho nada», defendió.
