El Juzgado número 8 de Valencia ha admitido a trámite y ha abierto diligencias previas contra Sandra Gómez por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. A Gómez se la acusa de ceder un autobús de la Policía Local para la manifestación del «orgullo LGTBI», celebrada en Valencia el 18 de junio. La denuncia fue cursada por José Luis Roberto, responsable de España2000 en la Comunitat Valenciana, apenas unos días después de la celebración de la marcha. El juzgado considera un mes después que debe proceder a investigar los hechos. Algo que la concejala socialista ha recibido «con asombro y perplejidad». Gómez aseguraba ayer a Levante-EMV que aunque no cuestiona las decisiones judiciales, no acaba de comprender la deriva que ha tomado su apuesta por una política inclusiva y de defensa de los derechos del colectivo homosexual.

La cesión de bienes comunes destinados a usos privados en beneficio de terceros puede suponer una malversación, tipificada en el art. 432 del C. P. Para la edil no hay tal delito pues aunque la manifestación fue de carácter privado, alega que en numerosas ocasiones también se cede a la caballería para procesiones o actos de carácter festivo-religioso, «por cortesía». En todo caso, explica que el vehículo lo donó la EMT hace ocho años a policía local para fines propios, por lo que ni siquiera fue apartado de la circulación. Gómez lamenta que el objetivo que perseguía el ayuntamiento de Valencia de implicación contra los delitos de odio se haya visto empañado por la denuncia de España2000.

La Policía Local de Valencia participó en la marcha del Día del Orgullo Gay con un bus que invitaba en sus rótulos a denunciar agresiones contra la diversidad sexual, la mayoría de las cuales tienen que ver con el colectivo LGTB. Era la primera vez que la policía salía en este emblemático desfile, por lo que Gómez sigue defendiendo que se trató de «un día histórico para el cuerpo». «Esta policía es la primera de España que está desarrollando unos cursos de formación específica para luchar contra los delitos de odio, con la asistencia de representantes de OSCE, Generalitat y Fiscalía», afirma.